viernes, 13 de octubre de 2017

Breve análisis sobre las recientes medidas económicas anunciadas por el presidente Lenín Moreno

-->
Por Decio Machado / Director Ejecutivo de la Fundación ALDHEA

La situación de endeudamiento y recesión económica en la que dejó el gobierno anterior al país requiere de grandes dosis de pragmatismo para articular una política económica adecuada para el Ecuador. Sin embargo, el pragmatismo es también una ideología cuyos límites están en la dificultad para prever las consecuencias a largo plazo de las políticas gubernamentales y en la tendencia a desentenderse de realidades que no encajen en visiones cortoplacistas de conveniencias momentáneas. Así las cosas, el país requiere de un plan económico que aún no tenemos y que va más allá de meras líneas de acción coyunturales como las expresadas hasta ahora por el actual gobierno nacional.

Respecto a lo anterior, cabe reseñar que toda política económica debería buscar a la postre cuatro ejes básicos: lograr un crecimiento económico sostenido en el tiempo, conseguir la estabilidad de los precios, favorecer el empleo y lograr un marco de justicia económica y social para el conjunto de la población.

Para lograr esos fines, todo manual de Estado aplicado a la política económica se vale de un serie de instituciones y actores que pueden ser directos –el Estado en todos sus niveles y así como sus instituciones públicas- e indirectos –banca, asociaciones empresariales, corporaciones transnacionales, inversionistas y sindicatos-. El objetivo ideal de cualquier Estado es que tanto unos como otros avancen juntos en la misma dirección para conseguir que las políticas sean efectivas y cumplan los objetivos trazados.

Para ello hace falta, en la medida de lo posible, alcanzar un acuerdo democratizador que fomente la producción, el empleo y los ingresos con justicia social. Todo ello teniendo presente que vivimos en un país donde los sectores económicos están controlados semi-oligopólicamente, donde los grandes beneficiados económicos de las políticas del gobierno anterior -pese a sus quejas- fueron los grandes capitales y donde la capacidad productiva de las empresas es baja y carece de diversificación pese al tan “carareado” cambio de matriz productiva.

Bien, pues bajo ese esquema de pretendido consenso son cinco ejes los de intervención planteados por el presidente Moreno en la noche del 11 de octubre como medidas económicas inmediatas para reactivar la economía nacional y fomentar el empleo: eliminar la Ley de Plusvalía, fortalecer la dolarización, profundizar el programa de austeridad, combatir el contrabando y la evasión de impuestos, así como articular un cambio de política económica con base sobre el Impuesto a la Renta.

Respecto a la Ley de Plusvalía, su continuidad o derogación será decidida democráticamente por la sociedad ecuatoriana, puesto que forma parte del cuestionario de la consulta popular entregada el pasado día 2 de octubre por la secretaría jurídica de la Presidencia a la Corte Constitucional. En todo caso vale resaltar que, más allá de que es de justicia establecer medidas contra la especulación del suelo, en un país que sufre un déficit de entre 800.000 y 1.000.000 de viviendas, la entrada en vigencia de dicha ley ha significado una reducción del 15% en la construcción de estás y el sector se ha contraído en un 5% dejando de generar empleo. En el caso de ser derogada plebiscitariamente dicha normativa, tendrá que ser mediante el artículo 60 de la Ley de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo (LOOTUS) como se regule el mercado del suelo y se eviten prácticas especulativas respecto a la plusvalía de bienes de inmuebles.

En el artículo 60 de dicho ordenamiento se indica:

“Los instrumentos para regular el mercado del suelo establecen mecanismos para evitar las prácticas especulativas sobre los bienes inmuebles y facilitar la adquisición del suelo público para el desarrollo de actuaciones urbanísticas. Dichos instrumentos son el derecho de adquisición preferente, la declaración de desarrollo y construcción prioritaria, la declaración de zona de interés social, el anuncio del proyecto, las afectaciones, el derecho de superficie y los bancos de suelo.”

El cumplimiento cabal de este artículo de la LOOTUS debería ser debidamente fiscalizado por las autoridades de control y forma parte de las políticas de descentralización y transferencia de competencias a unos gobiernos autónomos cada vez más descapitalizados, debiéndose implementar los mecanismos apropiados para la captación por parte de estos de los beneficios por el alza del precio de un bien inmueble o terreno fruto de la transformación de suelo rural a urbano, la modificación de usos del suelo o la autorización de un mayor aprovechamiento del suelo a cambio de una participación justa del Estado en el beneficio económico que estos derechos adicionales significan.

Respecto a la segunda línea de acción, fortalecer la dolarización, el presidente Moreno se comprometió a presentar una ley de incentivo para la repatriación de capitales planteando la exoneración del pago del Impuesto a la Renta durante cinco años a quienes cumplan con esta demanda durante el primer año de la entrada en vigor de la ley. El gobierno busca la entrada de 1.700 millones de dólares hoy fuera de la economía nacional, reequilibrando en parte el sistema monetario dolarizado y dinamizando la actividad económica. En ese sentido, también se plantea el compromiso de devolver el impuesto por ingreso de divisas a los exportadores y por el mantenimiento de las plazas de empleo en el sector, pero no se cede a la presión empresarial de eliminar el impuesto a la salida de capitales, un impuesto fundamental en una economía rentista y de escasa diversificación productiva como la ecuatoriana en aras a defender una dolarización que en la actualidad nos mantiene atrapados en el ámbito de la falta de soberanía monetaria.

Siguiendo con este apartado, preocupan más que lo dicho las posibles medidas no anunciadas por el Presidente de la República. En este sentido y al día siguiente de la alocución presidencial, el ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, declararía públicamente que se está trabajando con la Procuraduría General del Estado y la Cancillería para que en los próximos días sea presentado un borrador de nuevos Tratados Bilaterales de Inversión (TBI), los cuales durante el anterior gobierno fueron en gran parte denunciados. Según Campana, los inversionistas ven la necesidad de resucitar los TBIs para tener un marco legislativo seguro, ignorando que dicho marco jurídico especial se sobrepone a la legislación interna del país y conlleva una importante involución en el ámbito de la soberanía nacional. 

Para el titular de la cartera de Comercio Exterior, la mayoría de los países con los que se pretenden establecer líneas de inversiones en Ecuador demandan la articulación de TBIs. La carencia de estos vendría a explicar en parte la baja Inversión Extranjera Directa (IED) que actualmente recibe el país, la cual se cuantifica en tan solo el 0.79% de la que llega a América Latina y Caribe. Lo que no dice este alto funcionario público es que un país como Brasil, mayor receptor de IED del subcontinente, nunca suscribió en su historia un TBI y por lo tanto no enfrenta demanda alguna ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), una institución de arbitraje internacional que gran daño ha causado con sus sentencias al Ecuador y resto de países del Sur global.

En la noche del pasado día 11, el presidente Moreno volvió a hacer hincapié en la necesidad de profundizar el programa de austeridad sobre las cuentas púbicas ya puesto en marcha y mediante el cual se busca reducir el déficit fiscal del actual 4,7% del PIB –que en realidad está por encima del 6%- al 1% en el 2020. Para ello ya se están aplicando medidas de austeridad que conllevan la reducción del 10% en el sueldo de servidores públicos del jerárquico superior –en la actualidad el 8% del empleo público absorbe el 20% del gasto corriente en nómina-, la limitación de contratación de consultorías, pagos de horas extras y viáticos, además de la supresión de compra de vehículos de lujo y otros tantos gastos más de carácter innecesario.

A este respecto cabe destacar que las medidas planteadas se alejan del tan demandado ajuste económico reclamado desde los voceros de los grandes grupos económicos y la oposición conservadora, y que de igual manera fuera tan falsamente anunciado por el ex mandatario Rafael Correa y sus seguidores a través de las redes sociales. Al menos hasta el momento, el frente económico gubernamental demuestra entender que reducir el déficit no tiene porqué significar recortes sociales. Un ejemplo concreto de políticas alternativas en este sentido son las expuestas por el economista y profesor universitario Pablo Dávalos, quien ha llegado a plantear esquemas muy validos que tienen parecidos al de los derivados financieros. Según Dávalos, se podrá establecer un sistema de compensación del déficit fiscal a través de la emisión de SWAPs –seguros de ejecución presupuestaria- mediante la transferencia, a año vencido, de los recursos de ejecución presupuestaria no ejecutados y convertidos en Certificados de Programación Fiscal por un monto similar al del déficit y respaldados por el Fondo de Estabilización Económica y Monetaria.

Respecto al cuarto eje de acción, lo que tiene que ver con el combate al contrabando y la evasión fiscal, el mandatario planteó que se implementará un sistema destinado a eliminar la subvaloración de mercancías, fijando aranceles que protejan la industria nacional y una tasa de control de 10 centavos por producto para financiar la lucha de las aduanas contra el contrabando y la evasión.

Si bien es cierto que 10 centavos por ítem puede significar mucho o poco en función del precio de cada producto gravado, lo que en principio apunta a una medida no proporcionalizada, una vez más el sector de importador –eje fundamental en una economía de escasa capacidad productiva- clama contra dicho impuesto y los aranceles en general, ignorando la dificultad que atraviesa el sector productivo nacional que sí cumple con sus obligaciones tributarias para poder competir con este segmento de competencia desleal basado en la comercialización de productos de contrabando y la necesidad de proteger la escasa producción nacional de un país sin capacidad de devaluación en su moneda.

En todo caso, las medidas planteadas por el régimen dejan entrever cierta limitación a la hora de conceptualizar excepciones de carácter estratégico, tales como podrían ser la exoneración de aranceles para el sector ciencia y tecnología o moratorias para la importación de vehículos livianos a combustión interna vs liberalización de importaciones de vehículos híbridos y eléctricos, por poner tan solo un par de ejemplos.

Ahora bien, lo más interesante de las medidas anunciadas por el presidente Moreno tiene que ver con el cambio de las políticas económicas poniendo como eje el Impuesto a la Renta, es decir, la política fiscal.

Mientras los agoreros del desastre -léase ese 20% de voto duro correista que aún queda en el país- auspiciaban un “paquetazo” económico (incremento de los precios del gas, combustibles, electricidad y la tasa del IVA), la propuesta presidencial y de su equipo de gestión se basa en la reactivación productiva poniendo en el centro de estas medidas a las pequeñas y medianas empresas.

Es así que el presidente Moreno anunció el envío en breve a la Asamblea Nacional de un proyecto de ley destinado a eliminar el anticipo del Impuesto a la Renta para las empresas cuyas ventas no superen los 300.000 dólares, así como para que las microempresas ya establecidas no paguen dicho impuesto por sus primeros 11.000 dólares de utilidad y los nuevos emprendedores tampoco tengan que pagar dicho tributo durante los dos primeros años de existencia.

De esta manera se articula un elemento de cambio fundamental en las políticas económicas del gobierno nacional que tiene que ver con que el Impuesto a la Renta pase a ser utilizado para incentivar a las empresas y el empleo, y no para equilibrar las cuentas públicas, tal y como pasaba antaño.

En ese sentido, a las empresas que facturen más de 300.000 dólares se les aplicará la devolución progresiva del impuesto mínimo del anticipo al Impuesto de la Renta, comenzando con el 50% durante el 2018. Para asegurar esa medida, el gobierno pide a los emprendedores que se cumpla con el compromiso de al menos mantener las plazas de empleo actualmente existentes.

Sin embargo, los representantes de los grandes grupos económicos del país –esos que manejan ingresos por el 59% del PIB pero tan sólo tributan en la práctica el 2.31% de estos- se quejan de que el Impuesto a la Renta pase del 22% al 25% tal y como era hasta el 2010. Las élites económicas también consideran desmedido que los ecuatorianos que perciben más de 3.000 dólares mensuales –más de ocho veces de un salario básico al que tan solo llegan menos de la mitad de la población económicamente activa- tributen el Impuesto a la Renta sobre el décimo tercer sueldo para partir del próximo año.

Al respeto cabe señalar el retrógrado nivel que demuestran los voceros y representantes políticos de estas élites, dado que hasta el propio FMI -institución financiera internacional poco sospecha de izquierdismo- plantea en su última publicación del Monitor Fiscal la necesidad de actuar sobre tres áreas básicas: el incremento de los impuestos aplicados a las rentas más altas, la adopción de un régimen con un salario básico universal y el crecimiento del gasto público en el terreno de la educación y la salud. Respecto a este último apartado, cabe significar que en el Ecuador actual, dicha inversión ha pasado a ser inferior al gasto aplicado para cubrir el déficit fiscal y pagar amortizaciones de deuda -entre 8.000 y 10.000 millones de dólares anuales- adquirida de forma desproporcionada por el anterior gobierno durante los últimos tres años de su gestión.

Según el FMI, institución históricamente bendecida por las élites económicas latinoamericanas, el incremento de la desigualdad y la brecha social es tan grande a nivel planetario que se indica: “Nuestros resultados sugieren que es posible aumentar el grado de progresividad tributaria (…) y también se podría evaluar distintos tipos de impuestos sobre la riqueza”.

Ante la voracidad de la banca privada, importante es también la medida presidencial anunciada por la cual el dinero electrónico pasaría a estar gestionado también por las cooperativas de ahorro y crédito, lo que significa darle liquidez a los sectores más olvidados de la economía nacional.

En todo caso y más allá de las medidas enfocadas de incentivar la producción poniendo énfasis en los sectores micro y medianos productivos (donde faltan propuestas para el crédito educativo, de apoyo a la mujer emprendedora, fondos de inversión de riesgo para primeros emprendimientos, programas destinados a incentivar el primer empleo y estrategias sólidas destinadas al sector agropecuario) la propuesta gubernamental demuestra una carencia en los ámbitos que tienen que ver con reincentivar ese consumo venido a menos a partir de la caída de precios del crudo.

En este sentido y más allá del riesgo de flexibilización laboral que podría suponer la actual reforma en marcha del sistema de contratación laboral en el país, una medida tan básica como la disminución del IVA en tan solo dos puntos vendría a significar un incremento de liquidez para los consumidores, tal y como ya se demostró cuando dicho impuesto regresivo pasó del 14 al 12% haciendo que la economía del país creciera un 3% en tan solo un trimestre.

También siembra dudas el anuncio presidencial de cumplir en los términos acordados con las obligaciones contraídas con proveedores internacionales, lo cual a la larga no viene a significar otra cosa que prolongar la agonía del endeudamiento heredado y desplazar al año que viene una medida –la renegociación de la deuda externa- que tendrá que se aplicada para que el Estado tenga algo de liquidez. Respecto a esto, se debe tener en cuenta que el incremento del Impuesto a la Renta para las grandes empresas, los cuales se aplicarán en 2018, comenzarán a tener sus frutos en las arcas públicas a partir del siguiente año.

En resumen y saludando el hecho de que el presidente Lenín Moreno y su gabinete no hayan sucumbido a las presiones de los grandes grupos económicos que operan en el país, las propuestas gubernamentales expuestas en la noche del 11 de octubre no conforman un programa económico sólido para salir de la crisis. Son básicamente líneas de acción político económica coyunturales y de medidas de aplicación a corto plazo. Seguimos sin hoja de ruta para salir de una economía extractivista que agudiza nuestra dependencia respecto a las necesidades de los mercados globales de commodities, seguimos sin criterio a la hora de determinar que tipo de inversión extranjera directa queremos, seguimos sin medidas claras para diversificar y democratizar el sector productivo y se mantiene la actual desvinculación entre política social y económica en Ecuador.






lunes, 9 de octubre de 2017

Las tres muertes del Che Guevara

Pese a los intentos de manipular su herencia, la memoria del Che pervive como la imagen misma de la rebeldía.

Por Decio Machado

Cincuenta años han pasado desde su muerte, pero el Che Guevara continúa despertando pasiones. Su imagen sigue siendo ícono habitual en camisetas, pósters, carteles, murales y banderas en todas partes del mundo. Los libros sobre su biografía se reeditan año tras año y otros tantos más aparecen cada vez que se aproximan los aniversarios de su muerte.

En Bolivia, Cuba, Nicaragua y Venezuela se celebran en estos momentos actos institucionales de homenaje a la figura de este guerrillero abatido cobardemente el 9 de octubre de 1967 en La Higuera, un pequeño poblado ubicado en el municipio de Pucará, a unos 60 kilómetros de la ciudad de Vallegrande. Pero más allá de las agendas gubernamentales, son muchos los que en estos días recuerdan su figura, rindiéndole homenaje personal o colectivo de muy diferentes formas en los cinco continentes.

La manipulación de su memoria

El filósofo francés Regis Debray afirmó años atrás que “al Che lo mataron dos veces, primero con una ráfaga de fusil del sargento Terán y después con sus millones de imágenes”.

Las revelaciones del hoy general retirado Gary Prado, quien en aquel entonces era el inmediato superior jerárquico de Mario Terán Salazar, identificaron a dicho sargento como el militar a quien le fue encomendada la tarea de asesinar a sangre fría al Che. Según esta narración, al entrar Terán con mucho nerviosismo en la sala donde estaba recluido el guerrillero —capturado el día anterior por operativos del ejército boliviano—, este le dijo: “Usted viene a matarme…, póngase sereno, usted va a matar a un hombre”.

En la confesión por escrito que el homicida hizo a sus superiores se indica: "Entonces di un paso atrás, hacia el umbral de la puerta, cerré los ojos y disparé la primera ráfaga. El Che cayó al suelo con las piernas destrozadas, se contorsionó y empezó a regar muchísima sangre. Yo recobré el ánimo y disparé la segunda ráfaga, que lo alcanzó en un brazo, en un hombro y en el corazón…".

Pese a lo que muchos biógrafos del Che indican, la operación de montar una guerrilla revolucionaria en Bolivia no fue un acto improvisado. El Che llevaba años pensando que Bolivia era una base de operaciones apropiada para permitir la posterior extensión de focos guerrilleros en Argentina y Perú. En aquellos años, la estrategia militar del Che se basaba en “crear uno, dos, tres Vietnam”, basándose en la experiencia del sudeste asiático donde más allá de Vietnam los grupos insurgentes combatían paralelamente en Laos y Cambodia. En pocas palabras, se trataba de crear multitud de focos guerrilleros que impidieran al imperialismo concentrarse en una sola zona.
 
Sin embargo, la ubicación del foco insurgente en Bolivia se dio en un territorio donde no había tradición de lucha revolucionaria, lejos de la zona minera y de las zonas urbanas, lo que hizo que el apoyo a la guerrilla fuese inversamente proporcional a la experiencia cubana de Sierra Maestra. ¿El Che se equivocó? Pues probablemente sí, tal y como ya había sucedido en su desastrosa aventura guerrillera en el Congo.

Respecto a la “segunda” muerte del Che, cierto es que la foto tomada el 5 de marzo de 1960 por el fotógrafo cubano Alberto Díaz (Korda) -durante el entierro de las víctimas de la explosión de un buque fondeado en La Habana- es considerada la imagen más reproducida de la historia de la humanidad.

Se llegó a decir que Korda supo, mediante esa fotografía, capturar mediante en blanco y negro gran parte de la belleza existente en aquel revolucionario. En todo caso, sería años después cuando el artista plástico Andy Warhol —modificando y suavizando esa la imagen— a través de la ilustración trabajada por el artista de cómic irlandés Jim Fitzpatrick en 1968, la convertiría en un producto más accesibles a las masas. A partir de ahí, la expansión de dicha imagen le correspondería a esas modas aplaudidas propias del sistema capitalista, ese mismo sistema contra el que el protagonista del retrato luchó hasta entregar su vida. Entender cómo se ha llegado hasta aquí tiene una lectura sencilla: el capitalismo sabe bien que el Che es más que un mito, es el estandarte de las ideas más nobles de la humanidad, lo cual tiene un valor agregado en los mercados comerciales.

Pero superando a Debray, el siglo XXI ha conllevado también una “tercera” muerte del Che. Esta tiene que ver con la utilización que se ha hecho de su imagen durante el llamado ciclo progresista —hoy en decadencia— en América Latina.

Los llamados gobiernos posneoliberales latinoamericanos convirtieron la figura del Che en una imagen intocable, intachable y permanente pura. Estos procesos de idealización, donde además se intentaron confundir a las figuras presidenciales de Lula, Dilma, Correa, los Kirchner, Evo o Maduro con el legado de Ernesto Che Guevara, nos dejaron estos productos auspiciados desde los aparatos de propaganda gubernamentales y burocratizados. 
 
Basta leer las mejores biografías sobre el Che (A Revolutionay Life, de Jon Lee Anderson, Descamisados, del Comandante Enrique Acevedo González, Ernesto Guevara también conocido como el Che, de Paco Ignacio Taibo II o Cuba-USA: el Libro de los Doce, de Arnaldo M. Fernández) para entender que el guerrillero asesinado 50 años atrás estaba en contra de cualquier tipo de culto a la personalidad, nunca tuvo el más mínimo acercamiento a tramas de corrupción ni de enriquecimiento personal y que, además, era un personaje que personalmente tenía la capacidad de burlarse socarronamente de sí mismo.

Estos procesos de idealización interesada sobre la figura del Che nos traen a la memoria las lógicas dogmáticas, doctrinales y hasta religiosas de la izquierda. El Che era todo lo contrario: en lugar de producir doctrina desarrolló aprendizaje, reflexión y pensamiento crítico. A diferencia de la reciente experiencia latinoamericana, el Che hizo lo que debe hacerse desde los ámbitos de la izquierda.

Su pensamiento siempre en evolución fue cambiando a lo largo de su vida, lo que implica que lo que pensaba el Che en 1956, momento en el que se unió a Fidel Castro en su exilio mexicano, diste mucho de lo que desarrollaría mientras ejerció cargos ministeriales en Cuba (1960-1964) o de las propuestas que expondría en la última fase de vida ya en Bolivia. Pese a la construcción forzada de una memoria impoluta sobre su persona, el Che cambió de opinión en muchas ocasiones e incluso mantuvo pensamientos contradictorios en función de las épocas y el entorno en el que vivía, tal y como nos sucede a cualquier otro ser humano.

Su principal valor fue la coherencia, lugar donde habitualmente se pierden gran parte de sus biógrafos y gobiernos que se reclaman su figura. Esa coherencia que le hizo incapaz de pedirle a ninguno de sus compañeros algo que él previamente no hubiera hecho o estuviera realizando en esos momentos. Acostumbrado a sobreponerse a sus propias limitaciones físicas —fue asmático desde niño— midió a los demás con el mismo baremo con el que se medía a sí mismo, lo que hizo que agradeciese poco y diese escasas palmaditas en la espalda a sus colaboradores.

Una memoria viva

Preguntar por qué la memoria del Che se mantiene viva tras medio siglo de su desaparición tiene una respuesta simple: el Che es la imagen misma de la rebeldía. Es la plasmación del ser humano que dice no a las injusticias.

Albert Camus, en su libro El hombre rebelde, publicado por primera vez en 1951, dice: “El hombre en rebeldía no se reserva nada, puesto que lo pone todo en juego y exige, sin duda, el respeto a sí mismo”. Bien, pues ese era el Che, demostrando a su vez que la rebeldía no nace sólo en el oprimido, sino que puede nacer asimismo ante el espectáculo de la opresión de que otro es víctima.
 
Su figura representa el sentido profundo de la crítica y la asunción de un estilo de vida que no solamente va más allá de las reglas establecidas, sino que las combate, entregando en dicha lucha hasta la vida. Esa loca generosidad es la de la rebeldía, la que da su fuerza de amor sin esperar nada a cambio mientras rechaza sin demora la injusticia.

En definitiva, el Che es la demostración práctica de que más allá de la razón están las emociones y los sentimientos. Es la encarnación de la ley número uno de cualquier análisis social: donde hay dominación hay resistencia a la dominación.

A partir de ahí, cada piedra lanzada por jóvenes palestinos contra las fuerzas de ocupación sionistas en Jerusalem, cada grafiti nocturno y clandestino clamando libertad en las calles de Harare, cada canción colectivamente compartida alrededor de una hoguera por las mujeres kurdas en Rojava, cada acción de resistencia indígena shuar en Nankints contra la implantación de la minería a cielo abierto en la Amazonía, cada movilización de lucha ogoni contra las transnacionales petroleras en el Delta del Niger, cada movilización estudiantil contra la privatización de la enseñanza en Santiago de Chile o cada reclamo por la aparición con vida de Santiago Maldonado en Buenos Aires, lleva aún hoy la impronta del Che.

Quizás haya sido el subcomandante Marcos, desde la Selva de Lacandona, quien mejor definiría la figura del Che: “Ciudadano del mundo, el Che nos recuerda lo que sabemos desde Espartaco y lo que a veces olvidamos: la humanidad encuentra en la lucha contra las injusticia una marcha que nos eleva, que nos hace mejor y más humanos”. Y sería el Che, en una frase en alusión a Camilo Cienfuegos, quien mejor definiría lo que hoy sucede con su memoria: “Podríamos mejor preguntarnos: ¿quién liquidó su ser físico? Porque la vida de los hombres como él tiene su más allá en el pueblo; no acaba mientras éste no lo ordene”.

Demostrada su capacidad para el desarrollo de buenas crónicas, ahí están sus pasajes guerrilleros en América Latina y en el Congo, aún nos faltan por descubrir textos y pensamientos ocultos del Che. A la fecha de hoy, aún hay diarios escritos por el Che que la familia no ha querido publicar, posiblemente porque echan pestes de personajes en aun vivos en la actualidad.

En todo caso el Che nos sigue dejando, medio siglo después de su desaparición, cierto legado ideológico, su sonrisa, la capacidad de ironizar con uno mismo, un concepto del igualitarismo a ultranza, la humildad de quienes entregan sus vidas por los demás y, sobre todo, la voluntad intrínseca de los pueblos del Sur por transformar de forma radical una sociedad que sigue siendo tan injusta hoy como lo era durante los tiempos en el que el Che decidió desenvainar su fusil.
 
Fuente: https://elsaltodiario.com/la-ruta-del-jaguar/el-che-50-anos-despues

sábado, 7 de octubre de 2017

El temor de las élites al Internet

-->
Por Decio Machado
Publicado en Revista PlanV

Un reciente informe distribuido a sus clientes por JP Morgan, primera institución bancaria de Estados Unidos, posiciona los riesgos a corto plazo de la economía global haciendo referencia a dos procesos históricos que sobre los que correrán ríos de tinta en el próximo año: el quincuagésimo aniversario de la rebelión estudiantil-obrera de mayo de 1968 en París y el décimo aniversario de lo que fue el inicio de la última crisis financiera global que tiene su arranque con la quiebra de Lehman Brothers en septiembre del 2008.

La deuda global actual, es decir, lo que deben las empresas, los hogares y los gobiernos del conjunto del planeta supera ya los 217 billones de dólares. Para entender la magnitud del problema, cabe indicar que dicha deuda equivale al 327% del Producto Interior Bruto realmente existente en el planeta y que esta creció un 46% durante la última década.

Preguntarse como hemos llegado hasta aquí conlleva una respuesta simple: la salida de la última crisis económica mundial se basó en estrategias de cada vez mayor endeudamiento. Sin embargo, la fiesta de liquidez de los bancos centrales y los mercados se acaba: la Reserva Federal ha abierto la puerta para reducir su balance en los próximos meses adquiriendo el compromiso de seguir elevando sus tipos de interés; en el Banco Central Europeo varios países ya han propuesto ir reduciendo sus programas de compra de deuda; en Japón ya se están aplicando la reducción de adquisiciones de pasivos en el mercado; y en Reino Unido y Canadá ya dieron los primeros pasos para comenzar a subir los tipos ante las presiones inflacionistas.

Marko Kolanovic, responsable de las estrategias globales de JP Morgan, indica en dicho informe que la próxima crisis económica será una “gran crisis de liquidez” fruto de que las políticas de retirada de las medidas acomodaticias de los distintos bancos centrales en diferentes partes del mundo. “Estas medidas comenzarán a retirarse de forma consistente a partir de 2018” señala Kolanovic previendo la agudización de la estampida –ya en curso- de los bancos centrales. En pocas palabras, tras la última crisis económica los bancos centrales de casi todo el mundo desarrollado sacaron toda su artillería para tratar de sostener los mercados financieros, pero ante la longevidad de un ciclo económico donde el crecimiento no repunta esos mismos bancos centrales se han ido quedando sin municiones.

Así las cosas y en medio de los despropósitos del modelo globalizado capitalista, los analistas de JP Morgan y varios de sus clientes ya preparan sus estrategias para beneficiarse de este nuevo drama humano mediante la reformulación de sus algoritmos de “trading” automatizado, enfocándolos a las nuevas oportunidades de compras especulativas de activos en un futuro de nueva crisis en los mercados globales. Es así que la brecha entre ricos y pobres sigue alcanzando cuotas nunca antes existentes, desarrollándose un mundo donde las ocho personas más ricas del planeta –todos ellos hombres por cierto- gozan del mismo acumulado de riqueza que la mitad más pobre de la población global. Estamos ante un modelo económico y social que beneficia al un por ciento privilegiado frente el noventa y nueve por ciento restante.

De forma simplificada podríamos decir que existen dos tipos de poder, uno vinculado a la clásica idea trabajada desde Maquiavelo a Max Weber y que tiene que ver con el poder como capacidad de intimidación -el Estado y su monopolio de la violencia- y otro que tiene vinculación con la capacidad de influencia y persuasión –eso que nos organiza las mentes- sobre lo que Gramsci construyó su concepto de hegemonía.

Pues bien, es precisamente sobre esta segunda faceta del poder sobre la cual en los últimos cuarenta años se ha construido la idea central de que nuestras sociedades contemporáneas son muy complejas como para que en ellas se alcancen acuerdos políticos y/o sociales ciudadanos de forma directa y sin intermediación. Es desde esa perspectiva desde la que se impone la lógica de que hay recurrir a un modelo de mercantilización lo más amplio posible para que las preferencias individuales se coordinen sin necesidad de consensos colectivos. Nos hicieron creer que no es necesario deliberar en común, pues la mercantilización nos genera una codependencia liberadora donde el mercado pasó a ser una tecnología que transmite paquetes de información acerca de las preferencias de sus usuarios y de esta manera se asignan automáticamente las soluciones oportunas para cada uno de los casos individuales. En resumen, se impuso aquella máxima de Margaret Thatcher por la cual “la sociedad no existe”.

Sin embargo, el elemento más llamativo del informe de JP Morgan es la parte en la que se pone de manifiesto que la próxima crisis dará lugar a un nivel de tensiones sociales de escala global similares a las observadas en 1968. Curiosamente, Kolanovic explica en su informe como hace cinco décadas la televisión y el periodismo de investigación proporcionaron a la generación de baby boomers –hoy padres de la Generación X y abuelos de los Millennials- el acceso a información no filtrada a acontecimientos como Vietnam y otras guerras, movimientos a favor de los derechos civiles o la desigualdad de ingresos entre otras vergonzosas cuestiones de índole internacional.

En su referencia a los sucesos rebeldes acaecidos a partir del mayo francés y más allá de demostrar cierta ignorancia respecto a los episodios protagonizados por estudiantes y obreros en París, la conformación de movimientos contraculturales en Estados Unidos, la Primavera de Praga en la extinta Checoslovaquia o la represión sangrienta en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco en México, el informe viene a mostrar los miedos a una nueva reacción popular y global expresados por el uno por ciento privilegiado de la población mundial. El poder financiero descubrió por fin que las relaciones de poder son las relaciones fundamentales en nuestra sociedad, siendo la ley número uno de cualquier análisis social el hecho de que donde hay dominación hay resistencias a la dominación.

Es así que el poder global demuestra sus miedos a la democracia real y lo expresa plasmando un cuestionamiento a los procesos políticos ciudadanos y socio-deliberativos que nos permiten las nuevas tecnologías de información y comunicación.

En el informe de JP Morgan, Kolanovic alerta a sus clientes indicando que las redes sociales proporcionan en este momento un efecto similar al que los medios de comunicación desencadenaron en la juventud de finales de los sesenta. Indica que internet ofrece una plataforma para que diferentes grupos sociales a nivel global sean cada vez más conscientes de sí mismos, se unan y se organicen, poniendo el caso de movimientos como las primaveras árabes, los diferentes Occupy´s en distintos países desarrollados, las contra-cumbres antiglobalización, las movilizaciones de Junio del 2013 en Brasil, los indignados españoles o los movimientos de independencia en Europa como ejemplos de desestabilización de un mundo que sonríe tan solo al uno por ciento. En resumen, los adláteres del poder están muy preocupados porque la gente ha ido construyendo redes de personas frente a las redes del capital o de las instituciones, lo cual genera un enorme pavor a un formato de capitalismo radicalizado que está atravesado por acción y aptitudes básicamente delincuenciales.

En términos de neurociencia, Kolanovic demuestra saber que el miedo es la emoción más potente del ser humano. Que efectivamente es el miedo la base de nuestras sociedades y civilizaciones, pero también comenzó a entender que los modelos injustos de sociedad generan rabia, y es la rabia sumada a otra emoción –en este caso positiva- como es la esperanza son los antídotos históricamente demostrados al miedo. 

Para Kolanovic las reglas del juego están marcadas, teniendo que ver en la actualidad con el control de la información y la comunicación. Si históricamente quien ha controlado el poder ha controlado la comunicación y la información, este registro ya no es tan claro tras el desarrollo del internet.

Conscientes de que desconectarnos hoy del internet equivaldría a cortar el suministro eléctrico cincuenta años atrás, no deja de ser curioso como incluso los informes auspiciados desde el poder financiero a las élites de dominación global muestran su preocupación respecto a lo que vincula las palabras internet, libertad y sociedad en el complejo mundo actual.

lunes, 25 de septiembre de 2017

Partidos Políticos vs Sociedad

-->
Por Decio Machado 
Revista PlanV

Se volvió habitual escuchar al establishment político nacional aseverar que no hay democracia real sin partidos fuertes. Esta cantinela es repetida sin discusión por analistas y consultores políticos, influenciadores de opinión y medios de comunicación. La afirmación es categórica: la política institucional es la política, la participación ciudadana se ejecuta mediante el sufragio universal cada cuatro años y para que el mecanismo funcione se necesita de la institucionalidad partidista.

Pero hagamos historia. El origen de los partidos políticos modernos se remonta a los comienzos del sistema liberal en Europa y Estados Unidos, entre el último tercio del siglo XVIII y la primera mitad del XIX, vinculados al perfeccionamiento de los mecanismos de la democracia representativa en lo que tiene que ver con la legislación parlamentaria y electoral.

Los partidos políticos fueron el fruto de la quiebra de la sociedad tradicional o feudal y su paso a la sociedad industrial. Fue la burguesía quien primero reclamó a la aristocracia espacios de representación acordes con su nuevo estatus económico. El nuevo mundo burgués, tras las revoluciones de Inglaterra y Francia, requería de formas de organización política que sustituyeran a las estamentarias o corporativas, relevando el mandato directo e incluso vitalicio por el representativo. La teoría de la representación nació burguesa, a eso lo llamaron mundo libre, y aún hoy se mantiene burguesa pese a que posteriormente llegaron los movimientos obreros y populares a reclamar un espacio que poco a poco fueron también consiguiendo.

Es así que los partidos políticos se fueron convirtiendo en intermediadores entre la ciudadanía y el Estado, buscando canalizar los intereses presentes en la sociedad para solicitar su atención por parte de las instituciones públicas y convirtiendo su razón de ser en la toma y ejercicio del poder de acuerdo con una ideología y programa determinado.

Aquellos partidos de antaño, especialmente los identificados con el ámbito popular, más allá de la formulación de políticas públicas y de reivindicación de demandas sociales ejercían un rol muy diferente al que desarrollan los partidos políticos en la actualidad. Eran organizaciones que generaban ideas, que tenían una militancia cohesionada, que emitían periódicas publicaciones formativas y de debate teórico, que construían lugares asamblearios y que incluso instruían a sus militantes mediante la realización permanente de actividades culturales.

Cabe indicar que con el paso del tiempo los partidos políticos se cartelizaron, abandonando a la sociedad y yéndose a vivir al Estado, ese Estado al que tanto anhelan gobernar, generándose un distanciamiento entre las direcciones y sus bases en un proceso que hoy conocemos como profesionalización de la política. Dejamos de vivir en una sociedad con partidos para vivir en Estados de partidos.

Sin duda la expansión del mercado globalizado determinó un modelo de democracia business donde el mundo mercantil colonizó la política y los partidos políticos se limitaron a salir cada cuatro años a vender sus productos en una sociedad cada vez mas consumista donde el bien común y los intereses colectivos fueron quedando en un segundo plano.

Lo anterior impuso un modelo de partido político desideologizado, identificado con sus líderes y que convirtió al poder legislativo en un espacio de discusión meramente técnica y no política. Los partidos políticos fueron transformándose, hecho que hace que en la actualidad sean considerados como estructuras cada vez más alejadas de la sociedad a la que dicen representar. Si antes existía la promesa del partido activista de masas como herramienta de transformación social, ese partido que emanaba de la sociedad y servía para canalizar sus preferencias hacia las instituciones del Estado, eso fue poco a poco desapareciendo a la par que se burocratizaron según fueron acercándose al poder. En la actualidad los partidos políticos son meros instrumentos que nos ofrece el poder para que la ciudadanía pueda votar cada cuatro años dándole legitimación al sistema. En fin, se trata de que el disgusto ciudadano no se eleve demasiado.

Inmersos en esa degeneración, los partidos políticos dejaron de ser financiados por sus militantes –forma que permitía a estos controlar a sus partidos- para pasar a ser financiados por empresas y el propio Estado. De igual manera, los antiguos partidos de masas socializaban sus ideas a través de la militancia, lo cual a la postre se convirtió en un estorbo para sus dirigencias, prefiriéndose en la actualidad transmitir sus mensajes a través de medios de comunicación afines que suelen estar en connivencia con determinados intereses económicos. En resumen, la existencia y supervivencia de los partidos políticos pasó a estar en manos de esos poderes a los que “teóricamente” dicen pretender transformar.

Es de esta manera que se vació el concepto de la política, justificándose bajo argumentos de eficiencia y control un entramado institucional que en realidad margina a la sociedad de la toma de decisión y margina a su vez todo tipo de ideología que venga a significar un cambio rupturista en el modelo social y económico de nuestras sociedades. Así las democracias liberales quedaron sometidas al extremismo centrista, tecnificando la política, es decir, despolitizándola, en aras a un distanciamiento cada vez mayor del ciudadano de a pie.

En el Ecuador actual y pese a que la conformación de sus primeros partidos políticos –Conservador y Liberal- llegara años más tarde que en las democracias avanzadas, vale señalar que disponemos de una amplia amalgama de partidos políticos. Su tipología es variada pero entre ellos podemos destacar a los “partidos-atrapalotodo”, esos que más allá de su discurso enfocan su accionar político en función de intereses y alianzas instrumentales, léase Alianza PAIS como principal ejemplo; tenemos también los “partidos-empresa”, esos cuyos cuadros dirigentes se asemejan a directivos de una corporación financiera basando su accionar en pro del beneficios de determinados sectores económicos y negocios, como es el caso de CREO; en una sociedad basada en la imagen y el espectáculo, no podía faltar los “partidos-circenses”, como es el caso del Fuerza Ecuador –antiguo PRE- de la familia Bucaram; por supuesto tenemos a los “partidos-sicario”, esos que viniendo de los sectores populares trabajan para los “partidos-empresas” como es el caso de la Unidad Popular –ex MPD-; también disponemos de los “partidos-conjunto vacíos”, esos que siguiendo la teoría axiomática de conjuntos se significan como aquellos donde no existe nada, léase el caso de SUMA; y, por supuesto también, en una sociedad que aun convive bajo lógicas emanadas de la vieja matriz colonial, tenemos a los “partidos-rancio abolengo”, como es el caso del Partido Social Cristiano.

Es de esta manera que las sucesivas apariciones públicas en radios y televisiones de las vocerías de estos partidos políticos -las Rivadeneira, los Lasso, los Moncayo, los Dalo, las Viteri y demás-, no dejan de causar una enorme soñolencia en la audiencia, lo cual no le viene mal a una sociedad con un consumo creciente de tranquilizantes, pero que causa una enorme frustración en lo concerniente al ámbito de la política.

Llegados acá nos encontramos ante una gran contradicción, pues pese a que es indiscutible que los partidos políticos se encuentran cada vez más cuestionados socialmente, también lo es que no hay nada que convoque a tanta gente como unas elecciones. Siendo categóricos, podríamos decir que la ciudadanía vota por partidos a los tras los procesos electorales los valora a la misma altura que el betún.

El problema entonces no es solo de los políticos profesionales ni del sistema de partidos sobre el cual estos soportan su existencia, sino de una ciudadanía que sigue presa de un modelo cultural que nos lleva a delegar la toma de decisiones en quienes dicen ser nuestros representantes.

Visto que no hay partidos políticos emancipadores que estén dispuestos a socavar al pensamiento hegemónico y su malsano modelo económico, y visto también que los partidos políticos se empotraron en las agendas del poder, la conclusión sería que los partidos políticos dejaron de ser una solución para formar parte del problema.

Así las cosas, no sería tan grave que hubiera una crisis de legitimación del Estado que a través de fuerzas centrífugas y centrípedas hiciera que este se vea obligado a ceder soberanía a la sociedad. Porque es esa sociedad, hoy concebida como una masa pasiva dominada por el principio de inercia, la que debe comprender la necesidad de participar activamente en la gestión de lo público, y que lo público no necesariamente debe identificarse con lo estatal, sino con lo colectivo.

miércoles, 20 de septiembre de 2017

Odebrecht, el magnate de la construcción que compró presidencias en Latinoamérica

La palabra corrupción ocupa un lugar preponderante en América Latina desde la puesta en marcha de la Operación Lava Jato en Brasil. Entre las distintas corporaciones implicadas en negocios ilícitos el nombre de Odebrecht destaca sobre los demás, tras haberse declarado culpable de sobornar con aproximadamente 800 millones de dólares a altos funcionarios públicos de 10 países americanos y dos africanos.

Por Decio Machado / Quito (Ecuador)
https://www.elsaltodiario.com/corrupcion/odebrecht-el-barcenas-brasileno-que-compro-presidencias-en-latinoamerica

Fruto de la Operación Lava Jato, la más grande investigación por corrupción llevada a cabo en la historia del Brasil, se destapó un gigantesco entramado de corrupción que afecta a gran parte de América Latina y que ha sido auspiciado de manera fundamental por la corporación Odebrecht.

Las consecuencias políticas de este aciago descubrimiento, más allá de develar la podredumbre sobre la que se sustenta la institucionalidad brasileña y su sistema de partidos políticos, ha abierto la caja de Pandora sobre el enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos y las penumbras respecto a la adjudicación de obra estatales en el conjunto del continente. El método es muy similar al que se desveló en España a raíz de "los papeles de Bárcenas". La donación de fondos a los partidos de cara a las elecciones tenía como fin la obtención de concesiones de obra pública una vez obtenido el resultado esperado en los comicios.

La Operación Lava Jato, que se hizo pública en marzo de 2014 cuando el juez Sergio Moro emitió una serie de órdenes judiciales en contra de diversos ejecutivos de Odebrecht por supuestos delitos de corrupción, evasión de divisas, organización criminal y lavado dinero, propició que se abriera una investigación judicial en Estados Unidos que permitió aportar aún más claridad respecto a las investigaciones iniciadas por la Policía Federal brasileña.

Derivado de lo anterior, el 21 de diciembre del pasado año el Departamento de Justicia de los Estados Unidos publicó una investigación en la que se detalla que Odebrecht habría realizado sobornos por un valor de 785 millones de dólares a funcionarios públicos de gobiernos de doce países para obtener beneficios normativos y licitaciones públicas. Los países implicados en esta investigación son Angola y Mozambique en África, así como Argentina, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela en el continente americano.

¿Qué es Odebrecht?

Esta compañía brasileña fue fundada por el ingeniero Norberto Odebrecht Pernambucano en 1944, consolidándose a través de la adjudicación de diversos contratos de mega-infraestruturas durante el gobierno militar que se hizo con el poder en Brasil en 1964. 

Aunque su actividad inicial y principal ha sido la construcción, con el paso del tiempo se extendió también a los campos de la ingeniería, biocombustibles, defensa, manufactura de productos químicos y petroquímicos, internacionalizando sus operaciones a partir del año 1979.

Con el apoyo de créditos atados del gobierno brasileño al desarrollo de infraestructuras en otros países, contratos que obligan al país receptor que sus obras sean realizadas por firmas brasileñas, Odebrecht se convirtió en una de las más grandes constructoras del planeta. 

En el año 2000, Marcelo Odebrecht –nieto del fundador y sin haber cumplido aun los 40 años–asumió las riendas de esta multinacional, haciéndola florecer aun más a la par que se desarrollaba el nuevo “milagro económico brasileño” bajo el gobierno de Lula da Silva. Así, el presidente brasileño ejercicio como embajador de las nuevas transnacionales brasileñas tanto en América Latina como en África. Algunos de sus viajes fueron costeados directamente por las transnacionales implicadas.


En 2015, cuando dicho milagro comenzó a desbaratarse y Brasil se sumió en la grave crisis económica en la que hoy se encuentra, la Operación Lava Jato puso a Odebrecht en el punto de mira, lo que implicó que su gerente general fuese arrestado y condenado a 19 años y cuatro meses de prisión por haber sobornado a funcionarios de la estatal petrolera Petrobras buscando obtener contratos. 

Tras pocos meses en prisión, el hasta entonces CEO de Odebrecht, decidió colaborar con la justicia en busca de una reducción de penas, lo que implicó la revelación de esta gran red de corrupción que azota a una decena de países latinoamericanos y sobre la cual en la actualidad tan solo alcanzamos a ver la punta del iceberg. 

A raíz de que este proceso derivase en investigaciones judiciales también en Estados Unidos, se destapó que Odebrecht creó una “caja B” a finales de la década de 1980 con el nombre de “sector de relaciones estratégicas” para disimular una red de coimas de envergadura internacional que afectaron principalmente a América Latina, pero también a Estados Unidos y determinados países africanos.

Brasil

Marcelo Odebrecht declaró ante la Justicia que el 75% de las campañas electorales en Brasil se financiaron irregularmente por medio de pagos no declarados. De esa manera, los 77 testimonios de ex directivos de su compañía implicaron la apertura de 76 investigaciones contra casi un centenar de políticos con fuero privilegiado que fueron citados en estas delaciones.

En la lista de sospechosos están 12 de los 27 gobernadores del país y los cinco ex presidentes brasileños que quedan vivos –José Sarney, Fernando Color de Mello, Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inacio 'Lula' da Silva y Dilma Rousseff–, además del actual presidente Michel Temer y varios de sus ministros y ex ministros.


Los cálculos del Tribunal Supremo estiman que Odebrecht distribuyó sobornos en Brasil por un valor de 350 millones de dólares. En estas confesiones se reveló una inmensa trama de “favores” corporativos al financiamiento de campañas electores, partidos y funcionarios que posteriormente eran “retribuidos” mediante la obtención de obras públicas y la aprobación de leyes que favorecían los intereses de la empresa.

Colombia

Las confesiones de Marcelo Odebrecht y sus ex directivos implican financiamiento ilícito a las campañas electorales de Juan Manuel Santos tanto en 2010 como en 2014 –cuatrocientos mil dólares y un millón de dólares respectivamente–, así como a su principal competidor, el uribista Oscar Iván Zuloaga, quien en 2014 recibiría 1,6 millones de dólares. 
Pero más allá de ello, Odebrecht ha reconocido haber sobornado a altos funcionarios públicos entre 2009 y 2014 por un valor de 11 millones de dólares. Estos fondos se destinaron a adquirir la concesión uno de los proyectos viales más importantes del país en los últimos años, el Tramo II de la Ruta del Sol, así como a la contratación de la vía Ocaña-Gamarra. Se estima que entre ambas obras el beneficio de Odebrecht fue seis veces superior.

Argentina

En distintos expedientes judiciales que se investigan en la actualidad por presuntos sobornos pagados por Odebrecht entre 2007 y 2014, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchnner en Argentina, las coimas se elevan a 35 millones de dólares.
Estos fueron transferidos mediante intermediarios a funcionarios del gobierno, y se aplicaron a la obtención de al menos tres proyectos de infraestructura –los gaseoductos y plantas compresoras de gas de Cammesa e YPF, la planta potabilizadora de Paraná de Las Palmas (Tigre) para la empres AySA y el soterramiento del tren Sarmiento– en los que la empresa logró beneficios por 278 millones de dólares.

Ecuador

En este pequeño país andino los sobornos de Odebrecht se elevan a 33,5 millones de dólares entre 2007 y 2016, período presidencial de Rafael Correa, por actuar en obras donde obtuvo beneficios de 116 millones de dólares. 
Pese a las dificultades impuestas para la investigación por parte el anterior gobierno, en la actualidad se están realizando investigaciones respecto a obras como la Hidroeléctrica San Francisco, la Central Hidroeléctrica Manduriacu, la construcción del acueducto La Esperanza y el proyecto hidroeléctrico Toachi Pilaton entre otros. Dichas investigaciones implican al vicepresidente de la República o al que fuera contralor general del Estado –el encargado de las cuentas ecuatorianas– durante todo el mandato de Correa.

Guatemala

En este país centroamericano Odebrecht invirtió 18 millones en sobornos entre 2013 y 2015 durante la presidencia de Otto Pérez Molina –quien en la actualidad está formalmente imputado en delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito- para conseguir un contrato de 384 millones de dólares. El contrato afectado es la concesión y ampliación a cuatro carriles de la carretera que va de Escuintla a México.

México

En este país los sobornos alcanzaron la cifra de 10,5 millones de dólares entre 2010 y 2014, implicando a Emilio Lozoya –destacado miembro del PRI y exdirector de la petrolera estatal Pemex– por la adjudicación de las obras de adecuación de la Refinería Hidalgo en Tula.
Las investigaciones también avanzan despacio, dado que Lozoya fue uno de los líderes del comité de la campaña electoral del actual presidente Enrique Peña Nieto.

Panamá

El sumatorio de sobornos entregados a altos funcionarios públicos panameños se estima en 59 millones de dólares que fueron repartidos entre 2010 y 2014. Dichas coimas fueron aplicadas para la adquisición de obras como el cuarto puente sobre el Canal de Panamá o la Línea 3 del Metro. En este momento prosiguen las investigaciones respecto a obras como la Autopista Panamá-Colón, la Hidroelectrica Dos Mares, la Renovación urbana de Curundú o la Línea 1 del Metro.

Perú

Odebrecht reconoce sobornos por 29 millones de dólares entre 2005 y 2014 en Perú, periodo en el que se reparten la gestión del país tanto Alejandro Toledo, como Alán García y Ollanta Humala.

Sobre Toledo recae una orden de captura por recibir un presunto soborno de 20 millones de dólares, García está incluido en las investigaciones por dádivas para el Metro de Lina, y Humala está encarcelado por presunta financiación irregular de su partido. Recientemente también ha sido implicada Keiko Fujimori, principal líder de la oposición, por haber recibido financiamiento de la transnacional brasileña.
En la actualidad se mantienen las indagaciones judiciales sobre las concesiones a Odebrecht del Metro de Lima, la Carretera Interoceánica y el Gasoducto Sur Peruano.

República Dominicana

Según la investigación en curso los sobornos de Odebrecht en este país caribeño alcanzaron, entre 2001 y 2014, los 92 millones de dólares. Dicho monto fue entregado a un empresario local, Ángel Rondón, que era quien intermediaba como representante de la corporación brasileña ante diferentes estamentos del Estado. 

Venezuela

Las delaciones de los ex directivos de Odebrecht hablan de 98 millones de dólares en sobornos entre 2006 y 2015. En esta ocasión se da la circunstancia de que han quedado inconclusas varias de las obras adjudicadas a la compañía brasileña –el caso del sistema de Metro Caracas-Guarenas-Guatire, los mejoramientos del Aeropuerto Internacional de Maiquería, el Puente de Nigale, la Linea 5 del Metro de Caracas o el segundo puente sobre el Lago Maracaibo entre otros– antes de que la se empresa se autodisolviese en Venezuela por orden de la Operación Lava Jato.

sábado, 16 de septiembre de 2017

Perspectivas del posconflicto


Por Decio Machado / Director Ejecutivo de la Fundación ALDHEA

Revista La Brecha

El pasado 4 de septiembre, la canciller ecuatoriana María Fernanda Espinosa anunciaba que los equipos negociadores del gobierno colombiano y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) habían alcanzado un acuerdo de cese al fuego bilateral y temporal, al que se le denominó Acuerdo de Quito.

La tregua negociada se extenderá entre el 1 de octubre y el 9 de enero del año próximo, lo que implica que ni representa el definitivo fin del conflicto ni se entregará las armas por parte de la guerrilla. Durante el período en curso hasta la fecha de inicio de este transitorio alto el fuego, se prepararán todos los protocolos –que son bastantes y complejos- que permitirán mecanismos de información mutua en los territorios en conflicto buscando minimizar los riesgos de ruptura del acuerdo que deberán ser consensuados entre las partes, se procederá con el aterrizaje de los veedores de Naciones Unidas que procederán con la supervisión en campo del proceso y terminará de definirse en su integridad el rol de la Iglesia católica respecto a estas negociaciones.

Los Acuerdos de Quito implican, más allá de la cese transitorio de hostilidades mutuas, que la guerrilla no atente durante este período contra ninguna infraestructura del país incluidos sus oleoductos, no se siembren más minas antipersonales y se deje de reclutar menores por debajo de las normas del Derecho Internacional Humanitario. Por su parte, el gobierno colombiano se compromete a fortalecer y reforzar la legislación que regula lo que se conoce como alertas tempranas, un sistema previsto para proteger a los líderes civiles y sociales, desarrollando también un programa de carácter humanitario con relación a la población carcelaria de militantes elenos –aproximadamente medio millar de reclusos-, asistiendo de forma adecuada a quienes necesiten un tratamiento sanitario especial o a quienes tienen enfermedades terminales, así como la reubicación más cercana de los presos respecto a sus familias y su protección al interior de los penales. Más allá de lo anterior y teniendo en cuenta que ya existe una ley recientemente aprobada que hace referencia a la amnistía e indulto para presos de las FARC, esta se amplía para los miembros del ELN, rebajándose y despenalizándose ciertos tipos penales asociados a la protesta social.

El acuerdo contempla un espacio de tres semanas destinado para que quienes negociaron en nombre de la guerrilla vayan a los correspondientes frentes de guerra a explicar el contenido de lo firmado en Quito y las condiciones de la tregua. Esto es consecuencia de que a diferencia de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), donde secretariado de esta organización guerrillera daba una orden y esta se cumplía sin discusión, el ELN funciona como una especie de federación de frentes en combate donde se consensuan los acuerdos de manera más horizontal pese a su estructura militar.

En paralelo, gobierno y guerrilla acordaron ampliar el período de negociaciones, las cuales entraran en su cuarto ciclo a partir del 25 de octubre. De hecho, está previsto que al final de este primer período de cese de hostilidades se proceda con una evaluación de cómo ha avanzado la agenda de negociaciones con base en prorrogar por más tiempo la tregua.

¿Qué es el ELN?

El ELN nació en 1964, casi a la par que las FARC, inspirándose en una ideología que mezcla cristianismo, marxismo inspirado en la revolución cubana y nacionalismo radical.

Sus orígenes reales datan de un par de años antes, cuando cinco estudiantes colombianos viajaron a La Habana para estudiar en condición de becados. Allá fue fundada la Brigada José Antonio Galán, a la cual se unirían un año después varios sacerdotes vinculados a la Teología de la Liberación. Dos de ellos, Camilo Torres (1929-1966) y Manuel Pérez (1943-1998), se convertirían en las figuras más emblemáticas de la historia del ELN.

Las acciones armadas del ELN comenzaron a primeros del año 1965, siendo la guerrilla prácticamente desarticula en octubre de 1973 -durante la presidencia de Pastrana Borrero- consecuencia de una ofensiva militar a gran escala denominada Operación Anorí. Pasaría una década para que el ELN tuviera capacidad de comenzar a rearticularse bajo la dirección del sacerdote español Manuel Pérez, convirtiéndose a partir de ahí en el segundo grupo insurgente más importante del país hasta el armisticio de las FARC.

Según la Fundación Paz y Reconciliación, los más de dos mil combatientes actuales del ELN están distribuidos a lo largo de 51 municipios en 11 departamentos colombianos. En este sentido, el anuncio del cese del fuego entre ejército y guerrilla significará un gran alivio para las regiones del norte de Santander, Chocó y Arauca, donde se concentra con mayor virulencia el conflicto entre la última guerrilla que queda en Colombia y las fuerzas armadas.

Origen del proceso de diálogo

El ELN ya había mantenido conversaciones con gobiernos previos al de Juan Manuel Santos. Concretamente durante la presidencia de César Gaviria en la década de 1990, fue cuando se iniciaron los primeros contactos en Caracas en 1991, procediéndose a los Diálogos de paz de Tlaxcala (México) en ese mismo año. Los intentos de negociación con el gobierno tuvieron también lugar durante la gestión de Pastrana, mediante el Acuerdo Puerta del Cielo de 1998 firmado en Maguncia (Alemania) y la reunión de Ginebra realizada en el año 2000; e incluso con el gobierno del ultraderechista Álvaro Uribe, mediante una primera reunión que tuvo lugar a finales del 2005 y a la cual se siguieron tres sesiones más en el transcurso del 2006, finalizando el proceso en agosto del 2007 tras otro encuentro en territorio caribeño donde participarían el presidente cubano Raúl Castro y el nobel de literatura Gabriel García Márquez.

El actual proceso de negociación inicia en marzo del 2016, pasados tres años desde que comenzarán las conversaciones con las FARC que culminaron con el Acuerdo para la Terminación Definitiva del Conflicto, firmado en Bogotá el 24 de noviembre de 2016.

Históricamente el ELN ha tenido un componente político mucho más marcado que las FARC, pese a que los segundos superaran en cuatro veces la capacidad operativa militar de los primeros. Esto implicó que pese a que el inicio de conversaciones exploratorias fuese anunciado por Juan Manuel Santos durante su campaña electoral para la reelección de 2014, estas no hayan terminado de cuajar hasta tres años después.

Los primeros diálogos se celebraron en Ecuador y Brasil, de forma alterna, si bien Venezuela, Noruega, Chile y Cuba también han acompañado el proceso. Desde hace meses la agenda de negociación quedó pactada, teniendo cierto parecido a lo que se estableció en su momento con las FARC, aunque en este caso el gobierno colombiano tuvo que ceder respecto a los reclamos insurgentes de participación ciudadana.

La agenda de diálogos contempla seis puntos en discusión: la ya señalada participación de la sociedad, la democracia para la paz, el asunto concerniente a víctimas, las transformaciones para la paz, el ámbito concerniente a la seguridad para la paz y dejación de las armas, así como las garantías para el ejercicio posterior de la acción política.

Establecer a Quito como sede principal de las negociaciones es fruto de la negativa gubernamental a las iniciales peticiones guerrilleras, las cuales contemplaban que dicha negociación se estableciese fundamentalmente en Caracas.

Pero llegar a los Acuerdos de Quito implicó también un proceso de disputas al interior del ELN, donde las posiciones más dialogantes en el Comando Central (COCE) se han impuesto frente al sector más beligerante. Así, las posturas de Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gabino, primer comandante del ELN, junto a las de Israel Ramírez Pineda, alias Pablo Beltrán, tercero en la línea de mando y jefe de la comisión negociadora, consiguieron frenar a los sectores más escépticos y las posiciones duras encarnadas en el Frente de Guerra Occidental y el Frente de Guerra Oriental.

En todo caso, existe un halo de dudas sobre la consistencia del acuerdo. Al respecto, Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para Análisis del Conflicto, indica: “es muy difícil que este tipo de acuerdo tan desestructurado se verifique y se cumpla, ofrece mayores riesgos para la población civil, para quienes hagan la verificación y para la misma guerrilla”. Respecto a los riesgos asumidos por el ELN, el comandante Pablo Beltrán también advertiría: “el paramilitarismo es una sombra que se mantiene en gran parte del territorio dejado por FARC, y quedarse quieto para la guerrilla representa un riesgo aún mayor”.  Cabe señalar en este sentido, que el propio gobierno ha reconocido que en las áreas dejadas atrás por las FARC se ha incrementado notablemente la actividad de diversas bandas delincuenciales y el paramilitarismo.

La solidez ideológica del ELN ha implicado que, a diferencia de lo sucedido durante las negociaciones con las FARC, no se aceptase ninguna medida unilateral por parte de la guerrilla, tal y como intentó inicialmente el gobierno requiriéndoles un cese unilateral de las actividades insurgentes. De hecho el compromiso guerrillero ni siquiera pasa por la liberación de sus secuestrados –en la actualidad cuatro personas vinculadas al sector comercio y ganadero-, quedando este asunto agendado para el siguiente paso en el proceso.

En todo caso y más allá de la larga historia de negociaciones entre el Estado colombiano y la insurgencia elena, es la primera vez que desde que se fundó el ELN se firma un documento con el gobierno. En eso tuvo mucho que ver las presiones del Papa Bergoglio, quien visitaría el territorio colombiano inmediatamente después para expresar su apoyo al proceso.

La reconversión de las FARC

La firma de los Acuerdos de Quito se da en paralelo a la puesta en escena del partido político conformado por las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las cuales manteniendo las manteniendo sus siglas FARC, pasan a denominarse Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. El modelo no es nuevo en este país cafetero, recordando el proceso del Ejército Popular de Liberación (EPL) que pasó a denominarse Esperanza, Paz y Libertad, o el referente al M-19 que tras la firma de paz optó por la denominación Alianza Democrática M-19.

Difícil es pensar que las estigmatizadas FARC puedan tener un apoyo relativamente amplio en el área urbana, centrándose estratégicamente este nuevo partido en movilizar el voto rural de un campesinado históricamente excluido. Con base en lo anterior, cabe recordar que en aproximadamente el 10% de los 1.123 municipios que componen el Estado colombiano la política local ha estado controlada por los farianos durante décadas.

Pese a que el gran reto de las refundadas FARC debería estar enmarcado en el cambio de imagen, en la actualización de sus discursos, en conformarse orgánicamente de la forma más horizontal posible y en presentar nuevas vocerías ante la deslegitimación social de su antigua comandancia, las tesis que se impusieron en su congreso fundacional fueron las de perfil más ortodoxo y de connotaciones marxista-leninistas. Siendo serios, tras seis décadas de conflicto civil armado el pueblo colombiano reclama en estos momentos menos consignas revolucionarias y mas propuestas políticas enfocadas a solucionar problemas como el desempleo, la baja calidad de la salud y la educación, la pobreza, la delincuencia o enorme lacra que supone la corrupción institucional.

Si se hubiera que ubicar un perdedor en este congreso, este sería Rodrigo Londoño, alias Timochenko, quien propuso sin éxito el nombre de Nueva Colombia para la extinta guerrilla y un modelo de partido que se dirigiera al país “sin dogmas, sin sectarismo, ajeno a toda ostentación ideológica y con propuestas claras y sencillas”. Sin embargo, las tesis auspiciadas por el que fuera el número uno durante la última etapa de las FARC guerrilleras fueron derrotadas, no por su dirección, sino por sus bases.

Como parte de los acuerdos de paz, las nuevas FARC disponen de 10 curules asegurados en el próximo Congreso que será electo en marzo del año que viene. Nombres de la antigua comandancia tales como Victoria Sandino, Pablo Catatumbo, Pastor Alape, Carlos Antonio Lozada o Iván Márquez –el gran triunfador en esta convención-, figuran como precandidatos para ocupar estos escaños. En definitiva, ausencia de caras y voces nuevas para afrontar este supuesto nuevo renacer.  

El desmarque respecto a las nuevas FARC de la izquierda política colombiana se evidenció a través de su no asistencia al congreso. Ninguno de los múltiples precandidatos presidenciales del progresismo asistió al acto, tampoco ninguno de los dirigentes de los partidos políticos de centroderecha que respaldaron en su momento los acuerdo de paz. Tan solo asistió un representante de la precandidata presidencial progresista Clara López para leer un comunicado en su nombre.

En paralelo y fruto de las limitaciones que impuso la Corte Constitucional al mecanismo de fast-track (vía rápida) para aprobar las leyes de la paz en el Congreso, las legislaciones sobre desarrollo rural, participación política y reforma electoral que deben establecerse tras estos acuerdos de paz están sufriendo importantes modificaciones conceptuales en un Legislativo. Allá, los curules conservadores se envalentonaron tras los resultados negativos del plebiscito realizado el año pasado sobre dichos acuerdos.

En todo caso, lo que se visualiza en todo sondeo de opinión realizado durante el presente año en Colombia, es que sorprendentemente la implementación de los acuerdos de paz no está entre las prioridades políticas de la ciudadanía.

Mientras, en las zonas de la Colombia rural que fueron antiguos escenarios de guerra, ex guerrilleros desmovilizados que formaron parte de los frente farianos no dejan de ser asesinados por sicarios contratados por terratenientes, caciques políticos locales y bandas criminales. Oficialmente el Estado contabiliza ya una docena de asesinatos de ex combatientes y otra cifra similar de víctimas entre sus familiares, a lo que hay que añadir que según el Defensor del Pueblo en Colombia fueron asesinados en total 186 líderes sociales desde enero de 2016 hasta el 5 de julio pasado.

Respecto a las disidencias –quienes no aceptaron el acuerdo de paz- al interior de las FARC, el gobierno colombiano registra según sus últimos cálculos un número aproximado a 400 combatientes que se conforman en varias estructuras ilegales ubicadas principalmente en ocho diferentes departamentos (provincias) del país: Nariño y Cauca en la zona suroccidental, y Caquetá, Meta, Guaviare, Vichada y Vaupés en la zona suroriente. Según Eduardo Álvarez Vanegas, vocero de la Fundación Ideas para la Paz, resulta significativo que estas disidencias no estén agrupadas bajo la estructura de control de un mismo comandante, lo cual podría desembocar en su futura conversión en nuevas bandas criminales emergentes (bacrim).

El discurso posconflicto ante la próxima campaña electoral

A seis meses de que se realicen las elecciones legislativas y nueve de la presidencial, todo parece indicar que el país electoralmente de nuevo se polarizará en torno a las posiciones a favor o en contra de los acuerdos de paz.

En el ámbito de la derecha es de prever que según vaya acercándose el proceso, las múltiples precandidaturas actualmente existentes terminen por converger en básicamente dos candidatos fuertes. Estos serían Vargas Lleras y quien designe finalmente Álvaro Uribe en complicidad final con el Partido Conservador de Andrés Pastrana.

En el caso del primero, quien en la actualidad funge como vicepresidente de la república, sus estrategias electorales se articulan en torno a la crítica parcial a los acuerdos de paz articulados por Santos, el pacto con diversos segmentos de la clientelar política local y regional que ya le han manifestado su apoyo, el cuestionamiento al gobierno de Maduro y una irrisoria alerta social a que Colombia no se convierta en una nueva Venezuela, para terminar reclamando un pacto con los sectores empresariales más reaccionarios que sienten como amenaza la Justicia Transicional derivada de los acuerdos de paz. Por su parte el uribismo, más allá de quien termine siendo su candidato –existen en la actualidad cuatro precandidaturas distintas al interior de Centro Democrático-, la estrategia se basa en posicionar la idea de que Santos entregó el país a las FARC, generando alarma en un empresariado rural al que se les dice que sus tierras terminaran siendo entregadas a los excombatientes guerrilleros desmovilizados, potenciando a su vez los llamados valores morales más reaccionarios en una sociedad sumamente conservadora como lo es la colombiana.

En lo que respecta a los sectores políticos que van desde el centro hacia la izquierda, fieles a su tradición divisionista, en la actualidad presentan un fraccionamiento en al menos tres bloques: los Progresistas de Gustavo Petro, lo que conforma el entorno al nuevo partido de las FARC y por último, la coalición entre la Alianza Verde de Claudia López,  Compromiso Ciudadano de Sergio Fajardo y el Polo Democrático del senador Jorge Robledo. Queda pendiente ver como se solucionarán las izquierdas este fraccionamiento para intentar converger en torno a una sola candidatura.

En todo caso, lo que falta hasta mayo del 2018 vendrá marcado por la disputa entre estas dos amplias facciones que determinarán posiblemente una segunda vuelta presidencial, pasando la centralidad política de la lógica decimonónica izquierda vs derecha, para situarse en el eje derivado del posconflicto.