sábado, 5 de abril de 2014

Caso Gustavo Petro: FLAGRANT SYSTEM ERROR




Para Revista Nueva Sociedad Número 250


Resumen:
La destitución e inhabilitación de Gustavo Petro por la Procuraduría General de la Nación, ha abierto una crisis institucional que va acompañada de un debate nacional sobre la necesidad de una reforma integral del sistema de justicia. El conflicto en torno a la alcaldía de Bogotá ha implicado a múltiples actores –nacionales e internacionales-, que cuestionan la legitimidad del proceso y los “megapoderes” otorgados a una institución no elegida por sufragio universal. Su resolución consolidará o deteriorará aún más el sistema “democrático” colombiano.

Decio Machado: sociólogo y periodista. Miembro del equipo fundador del periódico español Diagonal e investigador de la ecuatoriana Fundación Alternativas de Desarrollo Humano y Estudios Antropológicos (ALDHEA).

Palabras claves: Procuraduría General de la Nación, Alejandro Ordoñez, recolección de basura, Gustavo Petro, Bogotá, Colombia.

El pasado 9 de diciembre, la Procuraduría General de la Nación consumaba el proceso iniciado meses atrás de destitución e inhabilitación por 15 años para aspirar a cargos públicos del alcalde de Bogotá Gustavo Petro. Dicha sanción se basa en supuestas irregularidades y mala gestión en la reforma del sistema de recolección de basura en la capital colombiana, hechos acontecidos en diciembre del 2012 y a través de los cuales el gobierno municipal desprivatizó este servicio público.

El origen del caso Petro

La destitución del alcalde capitalino se originó en la puesta en marcha del programa “Basura Cero”, un compromiso electoral que Gustavo Petro asumió como dirigente del Movimiento Progresista -tras apartarse del Polo Democrático Alternativo- durante su campaña electoral en la segunda mitad del 2011[1].

Mediante la aplicación de este programa, la alcaldía de Bogotá buscaba reducir en miles de toneladas la basuras que produce diariamente dicha urbe[2]. Así, el 18 de diciembre de 2012, el gobierno municipal de Bogotá decidió el traspaso de competencias de la recogida de basuras de manos de operadores privados a la empresa pública Aguas de Bogotá, vehículo de expansión de la Empresa Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB)[3]. La medida, aplicada con cierta improvisación y apresuramiento, provocó que a través de una acción concertada por parte de determinados contratistas privados, quienes hasta entonces se habían beneficiados por prórrogas permanentes de sus contratos, se acumularan basuras durante los tres primeros días de esta medida[4]. Fruto de esta situación, el gobierno municipal tuvo que afrontar de forma transitoria la firma de nuevos contratos con operadores privados, mientras consolidaba su programa público de recogida de basuras y reciclaje.

A pesar de que el plan “Basura cero” reduce notablemente las tarifas del servicio de recolección de desechos, a la par que formaliza las condiciones laborales de unos 14.500 recicladores que quedaron vinculados al proyecto, la Procuraduría General de la Nación, liderada por el ultraconservador Alejandro Ordoñez, resolvió abrir una investigación por “presuntas conductas irregulares” [5]. En descargo del dirigente socialdemócrata, cabe indicar que la medida aplicada está estrechamente vinculada a lo que fueron los principales ejes de su campaña electoral: la defensa de lo público, lo ambiental y la lucha contra las mafias.

Mafias ancladas a la recolección de basura

Entre los empresarios beneficiados por las prórrogas sine die de la recolección de desechos en Bogotá, destacan dos grandes y controvertidos contratistas colombianos: William Vélez y Alberto Ríos[6]. Ambos fueron protagonistas de diversas maniobras que tuvieron como objetivo la prórroga de sus contratos, congestionando con todo tipo de observaciones las licitaciones que en diferentes momentos se dieron por parte del municipio bogotano. Esta estrategia se basó en el impulso de un amplio abanico de observaciones a los términos de referencia contractuales propuestos por la alcaldía, los cuales iban desde la modificación de los indicadores de gestión propuestos hasta la solicitud de cambios en los sistemas de remuneraciones para funciones complementarias, como era el caso de quienes cortan el césped o podan los árboles. Debido a que dichas observaciones conllevan la necesidad de respuesta rápida por parte de una burocracia administrativa incapaz de cumplir con tales fines, lograron en sucesivas ocasiones el retraso de las licitaciones, manteniéndose como beneficiarios de los contratos a pesar de que sus concesiones hubieran finalizado.

En lo referente a la vinculación de determinados grupos empresariales y políticos con el paramilitarismo, el caso de William Vélez es paradigmático[7]. En los últimos diez años, Vélez se convirtió en uno de los grandes contratistas de obras públicas del país, habiendo construido el holding empresarial Grupo ETHUSS, el cual factura por encima de los 200 millones de dólares anuales y opera más allá de las fronteras colombianas[8]. El nombre de Vélez ha sido referido en múltiples ocasiones por ex jefes paramilitares –destacan las declaraciones de Freddy Rendón Herrera, alias “el Alemán”; Salvatore Mancuso y Jesús Ignacio Roldán Pérez, alías “Monoleche”-, los cuales le identifican como testaferro de Vicente Castaño, alias “el Profe”, uno de los líderes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) [9]. Su nombre aparece también en memorandos del Bloque Norte de las AUC relacionados con el negocio de la basura. En círculos empresariales, Vélez es señalado como protegido y gran amigo del ex presidente Álvaro Uribe.

Con respecto al empresario Alberto Ríos Velilla, quien es socio de la empresa Aseo Capital, cabe señalar que el clan Ríos Velilla es socio de la familia Nule –Grupo Nule- en polémicos negocios que en la actualidad son investigados por las autoridades judiciales. Al respecto, a mediados del 2010 salieron a la luz pruebas que evidencian la negociación de multimillonarias comisiones por parte del ex congresista Germán Olano al empresario Miguel Nule Velilla, cuya empresa manejaba contratos de distintas obras públicas que se desarrollaban en Bogotá durante la gestión de Samuel Moreno. La principal obra que se vio directamente afectada en dichas negociaciones irregulares fue la construcción del sistema de transporte público TransMilenio, la cual llegó a tener casi dos años de retraso y notables incrementos en sus costos iniciales.

En la lista de los implicados en el llamado “Carrusel de Contratación” –hechos que sacudieron la gestión municipal de Samuel Moreno-, aparecen entre otros los contratistas Miguel, Manuel y Guido Nule, todos ellos detenidos e imputados por la Fiscalía en diferentes delitos vinculados a este escándalo. En abril del 2013, una investigación periodística descubría la participación del clan Ríos Velilla en la sociedad anónima Land Developer Investment Inc[10], con sede en el paraíso fiscal de Panamá, la cual se beneficia de un porcentaje del pago de cada uno de los usuarios del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP)[11]. Periodistas del diario El Tiempo[12] [13] documentaron en Bogotá, Cartagena, Panamá y Santiago de Chile la presencia en la sombra de miembros de la familia Ríos Velilla en la firma recaudadora de los pasajes del SITP, así como su conexión panameña. Estas triangulaciones de empresas se complejizan con la aparición de empresas como Inversiones Alsacia SA, compañía que presta servicios de transporte público en Santiago de Chile, y tiene entre sus accionistas de forma indirecta a los Ríos Velilla[14].

Más allá de lo anteriormente expuesto, el hecho de que ambos empresarios se mantuvieran por más tiempo de lo estipulado en la recolección de basuras de Bogotá, implicó unas tarifas 20% más altas de lo establecido por la regulación vigente.

Procuraduría General de la Nación: el ariete contra Petro

La Procuraduría General de la Nación ejerce como un organismo de control autónomo del Estado que se encarga de investigar, sancionar, intervenir y prevenir irregularidades de los gobernantes, los funcionarios públicos y las agencias del Estado colombiano. Dicho organismo pretende garantizar la vigencia de los derechos colectivos de la ciudadanía, actuando en representación de la sociedad civil. Su máximo representante, el procurador general, es elegido por el Senado por un periodo de cuatro años a partir de una terna integrada por candidatos postulados por el Presidente de la República, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado.

Según Claudia Ruíz, ex investigadora de la Corporación Arco Iris y ex secretaria de acción social de la administración Peñalosa en la Alcaldía de Bogotá, el procurador Alejandro Ordóñez "compró” su reciente reelección (2013-2017) “vendiéndole a los congresistas puestos y contratos en la Procuraduría". Más allá de la polémica, cabe recordar que el propio Petro avaló con su voto como senador (2009) el primer nombramiento de Ordoñez como procurador general[15] [16].

Alejandro Ordóñez, un hombre que reza diariamente el rosario y es un fiel seguidor de la doctrina ortodoxa del monseñor Lefebvre, goza de fama por lo intransigente de sus actuaciones[17]. Sus antecedentes se remontan a la quema de libros considerados “eróticos” de autores como Thomas Mann, Rousseau, Marcel Proust o Víctor Hugo, cuando aún era estudiante en el Colegio San Pedro Claver de Bucaramanga[18]. En la actualidad, más allá de la destitución e inhabilitación de Gustavo Petro, el procurador mantiene duras batallas contra el “matrimonio igualitario” –habiendo la Procuraduría anulado todos matrimonios de personas del mismo sexo que se han dado en el país-[19]; obstaculizando paralelamente todos los esfuerzos que se generan desde diversos ámbitos por garantizar la prestación de los servicios de interrupción de embarazos incluso en los casos admitidos por la ley[20]; para terminar ejerciendo una férrea oposición a los debates sobre la legalización de la droga y al Proceso de Paz que se desarrolla con la insurgencia[21].

Respecto al caso Petro, la Procuraduría General de la Nación esgrimió varias acusaciones de irresponsabilidad para sostener su destituir e inhabilitación. La primera hace referencia a la improvisación, determinando que el burgomaestre “de manera libre, consciente y voluntaria ordenó asignarle la prestación del servicio de aseo a dos entidades sin ninguna experiencia, conocimiento y capacidad”. Según el Procurador, esto generó “la grave emergencia que afrontó la ciudad para los días 18, 19 y 20 de diciembre de 2012”. Añadiendo que dicha improvisación significó la compra y alquiler de compactadores en detrimento al patrimonio distrital, habiendo que contratar nuevamente a operadores privados.

La Procuraduría considera a su vez, que desde el gobierno distrital se implementó un modelo para el aseo de la ciudad que está fuera de la ley, vulnerando así “los principios de la libre empresa y competencia”. Ordoñez sostiene que Petro actuó de forma consciente y voluntaria, sabiendo que sus medidas eran irregulares. Por último, el procurador le imputa como falta disciplinaria la autorización de “prestación de servicio de aseo con volquetas”, decisión que se tomó ante la acumulación de “entre 6 mil y 9 mil toneladas de basura” durante los tres días de caos en Bogotá.

En resumen, según la Procuraduría General de la Nación, el alcalde Petro había provocado “la crisis y el caos en diciembre de 2012, la incorrecta prestación del servicio de aseo por volquetas hasta junio de 2013 y el riesgo actual de que los compactadores estén a punto de perderse”. De esta manera, se habría vulnerado el principio de “lealtad de empresa”, poniendo en riesgo la salud del conjunto de ciudadanos de Bogotá.

Las estrategias de Gustavo Petro

A partir de su destitución, Gustavo Petro jugó a liderar un proceso que pretende tener características similares a los “indignados”, el cual tuvo su origen en la “primavera árabe” –diciembre del 2010- y que posteriormente se expandió a través del 15-M español, la toma de Wall Street en Nueva York o las más reciente protestas masivas en distintas ciudades brasileñas contra el alza del transporte y los gastos del mundial de fútbol[22]. Para ello se posicionaron mensajes como “Bogotá se levanta indignado”, y un llamado a la movilización permanente en protesta contra la desproporcionada sanción emitida por la Procuraduría. Petro llegó a afirmar, la misma noche de su destitución, desde la Plaza Bolívar –hoy rebautizada como “plaza de los indignados”- que “el alcalde se queda si ustedes se quedan”, en referencia a las acampadas urbanas protagonizadas en otros países.

Sin embargo, los indignados que han protagonizado movilizaciones en otros países se han movilizado en protesta contra los altos niveles de desempleo, la corrupción o la ausencia de libertades políticas. Sus discursos comparten ejes que van desde el cuestionamiento al poder de las transnacionales hasta la bancocracia y los malos servicios públicos, derrocando a regímenes dictatoriales o en otras ocasiones, evidenciando las falencias de sistemas “democráticos” a través de la consigna “somos el 99%”.

Si bien Petro supo aglutinar al conjunto de afectados por las arbitrariedades de la Procuraduría –jóvenes por la despenalización del consumo de las drogas, movimientos de mujeres pro-abortistas o el frente LGBT-, lo cierto es que el alcalde de Bogotá no deja de representar una burocracia de más de 80.000 servidores públicos y una institución-plataforma[23] para aspirar a la Presidencia de la República, en la cual su último presupuesto municipal suma 14 billones de pesos (casi 500 millones de dólares). Con estos condicionantes, la Plaza Bolívar quedó lejos de equipararse a la Plaza Tahrir, en Egipto, aunque la capacidad de movilización del petrismo es indudable[24].

El alcalde destituido supo, tras la medida propugnada por la Procuraduría, convertir una gestión hasta entonces escasamente considerada –su imagen favorable era tan solo del 30%-, en una poderosa herramienta de propaganda que conllevó incluso pronunciamientos al respecto de Naciones Unidas. Petro y su equipo están haciendo todo lo posible por situar el caso en el ámbito internacional, cuya estrategia se basa en la solicitud de medidas cautelares a la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH), bajo el argumento de la persecución ideológica[25]. El corregidor bogotano también viajó a Washington, reuniéndose con un grupo de congresistas estadounidenses, incluido el senador demócrata Jim McGovern -un habitual en temas colombianos-, ejerciendo presión sobre el Palacio de Nariño[26]. En paralelo, Petro ha recibido declaraciones de apoyo desde los alcaldes de la Red de Ciudades Sudamericanas (REDCISUR)[27] y de los diputados de Izquierda Verde del Parlamento Europeo[28].

Con esta visibilidad internacional, los petristas lograron dilatar los efectos del fallo, aumentando el costo político de sus adversarios en el supuesto de que este se hiciera efectivo. Por su parte, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ha fallado varias tutelas a favor de Petro, lo cual también frena provisionalmente decisión del procurador. Estos recursos fueron interpuestos por ciudadanos –en el marco de las disposiciones constitucionales-  a los que se les dio la razón bajo el argumento de que “la destitución de un funcionario elegido popularmente limita el goce efectivo del derecho fundamental al control político”. Dicha decisión ha sido impugnada por la Procuraduría, dejando en un limbo jurídico la destitución de burgomaestre.

Revocatoria: estrategia uribista que actúa como “boomerang” petrista

Tras los sucesos de diciembre del 2012, el congresista Miguel Gómez -Partido de la U- impulsó la recolección de firmas con el objetivo de revocar a Gustavo Petro. Para ello, necesitaba 289.263 firmas –40% del total de votos de Petro en las últimas elecciones-, presentando en total 640 mil.

Si el cuestionado alcalde hubiera aceptado enfrentar la revocatoria, tenía grandes posibilidades de ser relegitimado, el referéndum se habría realizado entre septiembre u octubre del pasado año[29]. Sin embargo, su estrategia optó por dilatar el proceso lo máximo posible, reivindicando su derecho a la revisión de firmas. Tras la validación de 355.000 de estas, y la interposición de sucesivos recursos legales, el proceso llegaría a su fin cuando la Registraduría certificó de forma definitiva las firmas. El pasado 18 de diciembre era denegada la última de las más de 200 tutelas interpuestas por los petristas, con lo cual la revocatoria ya no tenía vuelta atrás, fijándose el 2 de marzo como la fecha para su realización.

Las acciones de la Procuraduría comenzaron seis meses después de que el uribismo iniciase su recogida de firmas, y lo cierto es que la situación generada por el fallo de destitución no pudo tener mejor impacto para el corregidor bogotano. Una encuesta de la firma Cifras y Conceptos, realizada pocos días después del fallo, indicaba que la solidaridad generada con el alcalde de Bogotá había elevado su nivel de aprobación del 30% al 53%[30]. Esta misma firma encuestadora, reafirmaba a finales del mes de enero, la progresión positiva de la imagen de Petro, la cual ya alcanzaba el 58%. A la pregunta concreta referente a si se está de acuerdo con su destitución, tan sólo un 30% dijo respaldar la sanción de la Procuraduría General[31].

La decisión del presidente Santos, al momento de terminar este artículo, de desestimar las medidas cautelares de la CIDH y validar el fallo de la Procuraduría clausura la consulta por la revocatoria y cierra legalmente el caso. Posiblemente lo que no quede cerrado con el nombramiento del nuevo alcalde interino Rafael Pardo Rueda sea el descontento generalizado con la Procuraduría, a la que se le cuestionan sus «megapoderes» por romper el equil
ibrio de fuerzas existente en un sistema democrático y en un estado de derecho.

Lo anteriormente descrito a propiciado un debate social de gran magnitud, en el que se debate desde reformar el rol de la Procuraduría hasta la necesitan cambios estructurales en el sistema de justicia de Colombia.






[1] Algunos analistas políticos manifestaron que su inscripción para las elecciones municipales podría ser declarada nula, en la medida que el candidato podría haber incurrido en doble militancia -según el artículo 2º de la ley estatutaria que da forma a la reforma política aprobada en el 2009-. Según esta versión, Gustavo Petro debería haber renunciado al Polo Democrático Alternativo al menos un año antes de su postulación como candidato por otra formación política. El 30 de octubre del 2011 Petro fue elegido alcalde de Bogotá, cuyo mandato comenzó el 1 de enero del siguiente año. De los 4.904.572 de votantes potenciales, 2.324.885 participaron, recibiendo Petro 721.308 (32,16%), mientras que su rival más próximo, Enrique Peñalosa, obtuvo 559.307 (24,93%), quedando en tercer lugar Gina Parody con 375.574 (16,74%).
[2] Bogotá es una ciudad que tiene una extensión de 1.776 km2, con una población aproximada de ocho millones de habitantes, en permanente crecimiento territorial y poblacional, en la que cada bogotano produce una media de 24 kilos de basura al mes.
[3] Aguas de Bogotá es una empresa participada en más de un 99% por entidades del orden distrital como la EAAB, la Empresa de Energía de Bogotá ESP, Metrovivienda, el Municipio de La Mesa y Colvatel.
[4] Durante su último día de operaciones, los privados dejaron de recoger entre 2.000 y 3.000 toneladas de desechos, los cuales estaban fuera de la programación prevista de la recién llegada EAAB. La privatización de la recogida de basuras en Bogotá llegó de la mano de la desaparición de la Empresa Distrital de Servicios Públicos (EDIS), liquidada en 1996 tras escándalos de corrupción y sobrecostos. Las nuevas contrataciones, una vez finalizadas las primeras concesiones, debieron ser ejecutadas durante el último período del mandado de Antanas Mockus, posteriormente durante la gestión de Luís Eduardo Garzón y parte del mandato de Samuel Moreno. Los trámites al respecto, protagonizados por este último, se vieron interrumpidos por las investigaciones que se realizaron al calor del escándalo sobre la contratación de obras públicas durante su gestión. La corrupción en la contratación pública en la alcaldía de Bogotá, en parte denunciada por el propio Gustavo Petro, motivó la expulsión de Samuel Moreno del Polo Democrático Alternativo (septiembre de 2011), quien posteriormente fue detenido al considerársele responsable de dichas irregularidades.
[5] El procurador Alejandro Ordóñez, que ha criticado otras medidas de Petro como la prohibición del uso de la plaza de toros municipal para las corridas -“arte” del cual Ordoñez es un apasionado-, fue el protagonista de la suspensión de Samuel Moreno como alcalde de Bogotá en 2011. En la actualidad, Moreno sigue enjuiciado por concierto para delinquir y otros delitos vinculados a la corrupción.
[6] Las sucesivas prórrogas de los contratos de recogida de basuras en Bogotá, incluidas dos declaratorias de urgencia manifiesta, vinieron a significar que incluso el Contralor Distrital de la ciudad, Diego Ardila, declarara en 2012 que esta situación no podía continuar, dando plazo hasta diciembre de ese año –fecha de la aplicación del plan “Basura cero”- para solventar dicha situación.
[7] Fue precisamente Gustavo Petro, en representación del Polo Democrático Alternativo, quien desde el Senado denunció, entre otras tramas corruptas y criminales, el escándalo de la “parapolítica”, destapando los vínculos económicos y políticos de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), lo que llevó a investigar, procesar y encarcelar a un tercio de los miembros del Congreso de entonces, en su mayoría aliados del uribismo.
[8] Las empresas del Grupo ETHUSS desarrollan su actividad en países como México, Panamá, Chile, República Dominicana y Ecuador, además de Colombia.
[9] José Vicente Castaño Gil, paramilitar y narcotraficante colombiano, es hermano de Carlos Castaño –jefe y fundador de las AUC-, y está pedido en extradición por la corte del sur de Nueva York por el delito de narcotráfico, aunque su paradero en la actualidad es desconocido.
[10] El presidente de Land Developer es el empresario Danny David Cohen Mubrabi, quien fue inhabilitado y excluido por “falta de honestidad” para participar en contratos con la Autoridad del Canal de Panamá -según un edicto del 25 de enero de 2012-. Cohen Mugrabi también es miembro de la junta directiva de la compañía colombiana Megaterra SA, creada en el 2010 y dedicada a proyectos de inversión, junto con los hermanos Joseph y Daniel Mildenberg Mizrachi. Dichos hermanos forman parte de la Corporación Karibana Beach Golf & Marina Club Cartagena de Indias, donde están asociados a su vez con los hermanos Javier y Alberto Ríos.
[11] Esta concesión, ideada en 2011 con una duración de 16 años, ha sido la más grande que se ha adjudicado en Colombia.
[12] http://www.eltiempo.com/noticias/carrusel-de-la-contratacion-en-bogota
[13] http://www.eltiempo.com/Multimedia/infografia/nule/
[14] En el balance de Inversiones Alsacia SA del 2011, se señala que la firma Global Public Services SA –quien coparticipa de la primera- tiene el 99,98% de sus acciones, siendo este grupo controlado por los Ríos Velilla.
[15] http://www.kienyke.com/confidencias/asi-defendio-petro-su-voto-al-procurador-en-2008/
[16] En múltiples movilizaciones pro-petristas se han visualizado carteles con la frase "Cría Ordoñez y te sacarán los ojos" en alusión a este hecho.
[17] Su decisión de cambiar el retrato del general Francisco de Paula Santander que adornaba la sala plenaria de esta la Procuraduría por un enorme crucifijo, dejó constancia de su disposición a ejercer sus cargos públicos con profundo apego a su fe religiosa, a pesar de que Colombia se define como un Estado laico.
[18] Durante esa época, Alejandro Ordoñez se desempeñaba como jefe departamental de las Juventudes Conservadoras. Posteriormente ejerció como concejal del Partido Conservador en Bucaramanga, juez del tribunal administrativo de Santander, docente e investigador de varias universidades, llegando a presidente del Consejo de Estado, el máximo tribunal de lo contencioso-administrativo de Colombia.
[19] Esta situación se da a pesar de que tanto la Corte Constitucional de Colombia como el Consejo de Estado ya determinaran que las parejas del mismo sexo también pueden constituir una familia.
[20] Desde mayo de 2006 la ley colombiana autoriza la interrupción del embarazo en tres casos: cuando hay malformación del feto, en embarazos producto de una violación, o cuando peligra la vida o la salud mental de la madre.
[21] El procurador Alejandro Ordóñez fue quien inhabilitó por 18 años a la senadora Piedad Córdoba, por supuestos vínculos con las FARC.
[22] En Colombia ya ha habido fracasados intentos de apropiarse del modelo “indignados” con anterioridad. Destaca en este sentido la fallida reforma a la Justicia, donde mucha gente se indignó con el Congreso y con el presidente Santos, aunque el conato de desobediencia no duró lo suficiente como para consolidarse en un movimiento más allá de su efímera vida en las redes sociales.
[23] La alcaldía de Bogotá se considera el segundo cargo de mayor importancia en el país.
[24] Para ese propósito, entre otras cosas, el equipo de la Alcaldía dispone de un Comité de Defensa de la Bogotá Humana que coordina la ex secretaria de Integración de Bogotá, Teresa Muñoz. Este Comité está organizado por más de 30 nodos que agrupan distintas comunidades como los animalistas, las mujeres, las fuerzas políticas o la población LGBT.
[25] Actualmente, la CIDH tiene un atraso procesal de más 8.000 peticiones, y la de Petro al parecer no tiene las características suficientes para que se aplique el per saltum -la prioridad que se le da a casos de, por ejemplo, víctimas de tortura o menores de edad-, por lo que deberá esperar en la extensa fila de carpetas.
[26] La agenda de Gustavo Petro en EEUU incorporó también reuniones con ONGs y think tanks relacionados con temas latinoamericanos y derechos humanos, entre los que destacan Human Rights Watch, Diálogo Interamericano, el Centro Woodrow Wilson y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).
[27] La REDCISUR manifestó su preocupación mediante una misiva a la CIDH, cuestionando que “una acción de una autoridad administrativa destituya a un gobernante elegido por voto popular de manera legítima”. El grupo, que incluye a los alcaldes de 11 capitales suramericanas, fue liderado por la alcaldesa limeña Susana Villarán quien ya salió airosa de un intento de revocatoria en su contra.
[28] Estos diputados europeos enviaron un carta al presidente Juan Manuel Santos preocupados por el trasfondo político de su destitución.
[29] Desde la entrada en vigor de la Constitución de 1991 ninguna de las más de 40 revocatorias que llegaron a las urnas fue exitosa.
[30] Polimétrica. Análisis sobre instituciones, política, economía y sociedad. Especial Bogotá. Diciembre de 2013. http://cifrasyconceptos.com/cms/modules/productos/files/FXXW.2013%20Polimétrica%20%20Diciembre%20Alcald%C3%ADa%20Bogotá.pdf
[32] La posición del presidente Santos se complica aún más estando en la antesala de las elecciones presidenciales, las cuales tendrán lugar el próximo 25 de mayo.

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