Revista La Tendencia
Por definición los movimientos sociales no son simples medios del cambio social ni la expresión pasiva de tendencias sociales de cambio, sino actores que se involucran activamente en el curso de los acontecimientos con el fin de influir sobre el desarrollo de los mismos.
Estos movimientos surgen como una respuesta desde la sociedad civil ante la vulneración de derechos y fracturas estructurales y son consecuencia de tensiones sociopolíticas, que no han sido asumidas como áreas de intervención por parte de las organizaciones políticas de perfil clásico. En este sentido, las organizaciones sociales representan una alternativa de acción política frente a las carencias existentes en las organizaciones de corte convencional.La Marcha por la Vida, el Agua y la Dignidad de los Pueblos que arrancó desde el cantón El Pangui (Zamora Chinchipe) el pasado 8 de marzo y terminó en una multitudinaria movilización el 22 del mismo mes en Quito, muestra que más allá del apoyo recibido por las organizaciones políticas a la izquierda del oficialismo, los movimientos sociales se encuentran en una fase de recomposición tras varios años de crisis.
El 22 de marzo marca un punto de inflexión en la política ecuatoriana. El llamado gobierno de la revolución ciudadana ha dejado de tener el dominio total de la iniciativa en el escenario político nacional, reposicionándose la movilización social como un factor insoslayable, a pesar de su relativa ausencia desde la llegada de Rafael Correa al Palacio de Carondelet. Dicha movilización vuelve a emerger reeditando fórmulas de conducción colectiva en las que están fuertemente implicados los movimientos sociales progresistas y combativos existentes.
Esta nueva realidad actúa en contraposición a las lógicas desarrolladas por el frente político del gobierno, el cual se han caracterizado desde el inicio de su gestión por intentar captar ideológica y clientelarmente a todo tipo de tejido social existente en el país.
La movilización del pasado 22 de marzo es el resultado de un proceso que tiene su inicio en la campaña por el No en el Referéndum/Consulta del 7 de mayo de 2011, donde el gobierno nacional ya recibió una advertencia que ignoró o no supo entender.
Antecedentes inmediatos
Los movimientos sociales han marcado la historia del Ecuador durante la segunda mitad del pasado siglo, disputando su espacio de influencia política en las transformaciones socioeconómicas e institucionales que se han ido dando en el país. Son identificables diferentes momentos o etapas en función del protagonismo de los actores sociales: movimientos campesinos en la década de los 50 y 60; movimientos estudiantiles en los años 70; movimiento obrero en las décadas de los 70 y 80; y el surgimiento de los nuevos movimientos sociales a partir de los 90, con el protagonismo indiscutible del movimiento indígena.El protagonismo político y social del movimiento indígena como paradigma de los nuevos movimientos sociales que se reproducían por otras áreas del planeta, les llevó incluso al acceso al poder en el año 2003 y a su correspondiente contradicción consecuencia de la crisis de legitimidad del sistema político ecuatoriano. Lo indicado con anterioridad generó la pérdida de centralidad política del movimiento indígena e impacto a lo interno de la organización, provocando una crisis en el movimiento de la cual aun se está en fase de superación.
La aparición en febrero del 2006 de Alianza PAIS y el posterior desarrollo del fenómeno correísta, generó aun más contradicciones al interior de las organizaciones sociales. Gran parte de las reivindicaciones históricas de los movimientos sociales se veían plasmadas en el Plan de Gobierno del Movimiento PAIS 2007-2011, condición que inhabilitó en parte el quehacer cotidiano de este espectro político no institucional.
La convocatoria de la Asamblea Constituyente en 2007 y la gestación de la actual Carta Magna ecuatoriana a través de un importante proceso de participación social, conllevó que los movimientos sociales posicionaran estratégicamente su eje de acción en torno a dicho proceso.
La convocatoria de la Asamblea Constituyente en 2007 y la gestación de la actual Carta Magna ecuatoriana a través de un importante proceso de participación social, conllevó que los movimientos sociales posicionaran estratégicamente su eje de acción en torno a dicho proceso.
La metodología aplicada para la elaboración de la Constitución permitió que las organizaciones sociales introdujeran gran parte de sus postulados en los debates constituyentes, satisfaciendo las pretensiones de la mayoría de estas .Así, se plasmaron en la Constitución de 2008 gran parte de las agendas de lucha de las organizaciones sociales en el ámbito ambiental, económico, sociopolítico, laboral, ciudadano, cuestiones de género, participación social o la reivindicación de plurinacionalidad.
Esto significó que en la campaña por la aprobación de la Constitución, referéndum que tuvo lugar el 28 de septiembre de 2008, coincidieran la mayoría de movimientos sociales junto a organizaciones políticas como Izquierda Democrática, Partido Socialista - Frente Amplio, Pachakutik, Movimiento Popular Democrático, Partido Comunista y el oficialista Alianza PAIS.
La subsidiaridad de los movimientos sociales a la lógica política que se desarrollaba en ese entonces no ayudó a la reconstrucción y empoderamiento de estos, dejándolos en una posición subalterna respecto a la política institucional.
El operativo represivo en Dayuma y todo lo referente al tema ambiental y la gestión de recursos naturales, incluyendo el debate sobre la consulta previa, fueron los temas más conflictivos en la relación entre los movimientos sociales y la nueva institucionalidad correísta durante ese período.
Las fracturas comenzaron a volverse más evidentes, a medida que el gobierno avanzaba en el tratamiento de varios proyectos de ley. A poco más de año y medio en funciones, en noviembre de 2008 el gobierno presentaba la Ley de Minería en la comisión legislativa, desatándose a partir de entonces una serie consecutiva de movilizaciones que conducirían al distanciamiento sin retorno de diversos movimientos sociales, en particular el movimiento indígena, respecto al oficialismo.
Revitalización de los movimientos sociales en la coyuntura actual
La recomposición y reempoderamiento de los movimientos sociales toma fuerza a partir de que deja de ser creíble para la izquierda organizada, tanto política como social, el proceso de transformación; visibilizándose que el posneoliberalismo ecuatoriano es en la práctica el proceso de modernización más serio que ha tenido el Capital y el Estado en toda la historia del país. En ese proceso tiene un rol fundamental lo Público, de igual manera que lo tuvo en el periodo de postguerra en Europa, cosa que desconcierta a cierta intelectualidad autodefinida como progresista que aun mantiene postulados afines al régimen.
Sin embargo y citando a Touraine, “para que se originen esos movimientos no basta con que se opongan a determinada forma de dominación; es necesario, por el contrario, que reivindiquen también determinados atributos positivos”[1]. Es en ese sentido en el que retoma toda su actualidad el concepto del Buen Vivir -formulado en las constituciones de Bolivia y Ecuador-, el cual más allá de sus debates teóricos, articula su fuerza en las prácticas de los pueblos indígenas y movimientos sociales, así como en la construcción política de alternativas al desarrollo entendido como progreso o el reclamo de otra relación con la Naturaleza (Acosta y Gudynas, 2012).
Movimiento social de mujeres
A partir de 1995, de manera particular desde las mujeres indígenas y campesinas empobrecidas, toma fuerza la idea de la Defensa de la Tierra, el cuidado de la semilla, la defensa de los mercados locales y la exigencia de no firmar el TLC con EEUU.
A finales de los 90 se incorporan a la lucha feminista mujeres provenientes del movimiento indígena y los sectores populares. Esta situación hace que se conjuguen tres factores diferentes que tendrán afectación en este ámbito: movimiento de mujeres, movimiento indígena y defensa de la Naturaleza (encuentro entre clase, género, étnia y ecología).
Esta situación es fruto de la confrontación entre dos perspectivas encontradas en la cuestión de género: por un lado el feminismo institucional de entonces y por otro, un nuevo feminismo radical anti-neoliberal. Con la llegada al gobierno del correísmo, se vuelve a reconfigurar el escenario político feminista, saliendo del Estado el feminismo liberal y entrando sectores populares de mujeres al gobierno. La nueva institucionalidad conformada en torno al correísmo busca desarrollar entonces su crítica al neoliberalismo desde la afirmación de la necesidad de que las mujeres accedan a mayores condiciones de equidad en la esfera del desarrollo económico y se empoderen en el sistema político económico dominante.
De esta manera el Estado incorpora en su dialéctica institucional discursos importantes desde la perspectiva de género: economía del cuidado, reconocimiento de las mujeres en sus esferas de opresión, división del trabajo, equilibrio de cuotas, etc. Las instituciones públicas hacen suya una parte importante de la retórica feminista, las cuales se plasman en leyes y documentos institucionales, dándose cabida a la visión de género desde el ámbito institucional. Esta nueva práctica institucional, permite que las mujeres se vean favorecidas en ciertos espacios, aunque es visible también que el trasfondo de dichas políticas se limita a la búsqueda de una mayor capacidad de consumo -empoderamiento económico- dentro del sistema.
El discurso del nuevo oficialismo en materia de genero, se articula sobre la lógica del desarrollismo y los derechos de la mujer, legitimándose contradictoriamente sobre la reafirmación del Estado patriarcal y capitalista, en este caso, con pretensión de que tenga un rostro más humano. Así, asistimos a un modelo que impulsa la reactivación intensiva de la fuerza de trabajo femenina hacia áreas de la economía que van ganando preponderancia de acuerdo al modelo de desarrollo, cuyos incentivos serían el trabajo y ciertas medidas de protección del Estado, las cuales no van a poder detener las derivas estructurales propias del capitalismo patriarcal, ni eliminar el empobrecimiento y la sobre-explotación de las mujeres y de la Pachamama.
Esta situación sigue generando una fuerte tensión entre mujeres y hombres, mujeres y Estado, mujeres y Pachamama; dando pie a la conformación de organizaciones de mujeres y feministas que posicionan su lucha por el Sumak Kawsay y una Economía para la Vida, en confrontación con el neo-extractivismo y por la defensa de la Naturaleza; contexto en el cual se denuncia el empobrecimiento de la población, la contaminación y la destrucción de los recursos naturales de los territorios (Aguiñaga y Flores, 2011).
Es en ese contexto donde se empoderan organizaciones de mujeres que podríamos definir como feminismo radical fuera del Estado, en confrontación con el feminismo social redistributivo con amplias vinculaciones con el Estado o formando parte de este. Destacan en la línea radical organizaciones como Luna Creciente, CONFEMEC, Asamblea de Mujeres Populares y Diversas o las secciones de mujeres organizadas dentro de las estructuras indígenas.
Movimiento obrero
En la actualidad el Ministerio de Relaciones Laborales desarrolla roles que históricamente fueron destinados al sindicalismo. A través de los funcionarios públicos se resuelven conflictos laborales en los cuales la función del Estado no es la defensa de los puestos de empleo, sino que los trabajadores cobren adecuadamente sus indemnizaciones en caso de despido. Esta situación es perniciosa para las y los trabajadores dado que ha dejado sin defensa adecuada los puestos de empleo.
Reconociendo que el Mandato 8 sobre Tercerización, desarrollado por la Asamblea Constituyente, ha permitido el establecimiento de aproximadamente 500.000 puestos de trabajo que anteriormente estaban tercerizados; y que los incrementos salariales en la era Correa han sido sustancialmente superiores a los de otras épocas, el menosprecio institucional hacia las organizaciones de trabajadores ha derivado en que el respeto al derecho a la Negociación Colectiva brille por su ausencia.
Por su parte, los sindicatos se ven incapaces de afrontar la nueva forma de intervención institucional, mostrándose inútiles a la hora de aplicar estrategias de intervención que les permita recuperar lo que debería ser su rol protagónico en el mundo laboral.
La nueva institucionalidad vigente desprecia el rol organizativo de los sindicatos, considerándolos innecesarios así como herramientas de un mundo que consideran ya superado, el cual se articulaba en el ámbito del conflicto de clases.
Si bien el movimiento obrero ecuatoriano ya había perdido su protagonismo político en el transcurso de los años 80, la ruptura de determinadas centrales sindicales con el régimen ha hecho que en varios sectores haya organizaciones de trabajadores que han retomado cierto dinamismo y protagonismo social.
En la actualidad, fruto de las agresiones gubernamentales sobre los funcionarios públicos, hay acciones dirigidas a construir en el ámbito del sindicalismo crítico una Unión Sindical del Sector Público. Esta nueva estructura sindical pretende agrupar a los sindicados de la administración pública sin discriminación y hacerle frente a la ofensiva de los despidos masivos y la conformación de un nuevo sindicalismo oficialista y no combativo. Por otro lado se desarrollan acciones también dirigidas a unificar sindicatos con el fin de construir una Central Unitaria de Trabajadores. Los sindicatos que mayor incidencia están teniendo en esta propuesta son CEDOCUT y UGTE.
Movimiento ambientalista
Históricamente el modelo de desarrollo dirigido a la explotación de los recursos naturales se ha convirtió en generador de conflictos socio-ambientales. Esta realidad tiene como característica común la degeneración de dinámicas y tejidos sociales locales dado el tipo relación impuesta entre empresa y comunidad, con marcada ausencia del Estado en los territorios afectados, así como los problemas ambientales derivados de la actividad extractiva en dichos territorios, los cuales son sufridos por las poblaciones locales.
Los conflictos socio-ambientales involucran a compañías extractivas, Estado y actores sociales. Entre estos últimos cabe distinguir tres grupos: indígenas, campesinos colonos y organizaciones ambientalistas. A medida que se fortalece la capacidad de organización y movilización de estos actores, se conforma un complejo sistema de alianzas que desde la ética política cumple con la función de legitimación social de la lucha.
De esta manera, mientras el Estado valoriza el derecho público nacional a través de interpretaciones forzadas de los contenidos normativos de la Constitución y las leyes de protección del ambiente; la acción de las empresas valoriza el derecho privado y el libre mercado;y las organizaciones sociales –comunitarias, ambientalistas e indígenas- valorizan el derecho internacional, los derechos colectivos y el Buen Vivir.
En este tablero de juego encontramos dos tipos de alianzas entre los actores implicados. Por un lado, el Estado y las empresas extractivas, buscando el primero sacar provecho de sus recursos, mientras los segundos buscan la obtención de ganancias y ampliación de su área de influencia. Por otro, las organizaciones campesinas, indígenas y ambientalistas, articulan lógicas de protección ambiental, respeto a las comunidades y autodeterminación.
Citando a Marx y haciendo alusión a la histórica extractiva del Ecuador, cabe recordar que “los hombres hacen su propia historia, pero no la hacen a su libre arbitrio, bajo circunstancias elegidas por ellos mismos, sino bajo aquellas circunstancias con que se encuentran directamente, que existen y les han sido legadas por el pasado. La tradición de todas las generaciones muertas oprime como una pesadilla el cerebro de los vivos”.[2]
En todo caso, no podemos definir la existencia de un movimiento social organizado en torno a la temática ambiental en el Ecuador. Sin embargo, la conflictividad socio-ambiental cada vez es más relevante a nivel nacional consecuencia de las políticas neo-desarrollistas del régimen correísta.
Las luchas sociales entorno a la problemática ambiental en los diferentes territorios del país son cada vez mayores. Sin embargo, es necesario señalar, que hasta ahora no existe más conexión entre ellas que la presencia generalizada de la CONAIE en estos conflictos y de alguna que otra organización ambientalista, careciéndose de una coordinadora que agrupe a las organizaciones sociales y políticas de carácter nacional y local que pelean por la defensa de los derechos de la Naturaleza.
El hecho de que hasta ahora la mayor parte de los conflictos socio-ambientales se dan en territorio amazónico, responde a que es en la Amazonía donde se encuentran la mayoría de los recursos naturales que están siendo extraídos por transnacionales y compañías estatales, y que en este territorio se da la existencia de alto índice de población indígena, biodiversidad y ecosistemas altamente sensibles y actores políticos no favorables a las posiciones gubernamentales.
El gobierno nacional ha ido desarrollando en los últimos cinco años estrategias con el fin de doblegar a las poblaciones locales a sus intereses, generando clientelismo en territorios y comunidades donde esta práctica política ha formado parte de su historia. De igual manera el Estado ha impulsado políticas rupturistas al interior de las resistencias al proyecto neo-desarrollista, bajo la promesa de brindar apoyos para el desarrollo territorial y repartir los excedentes. Los excedentes petroleros se calculan en este momento sobre los 318 millones de dólares y en el caso del Proyecto Mirador –explotación minera recientemente concesionada a la transnacional ECSA bajo control chino- se ha negociado el anticipo de regalías por un valor de 100 millones de dólares, las cuales serán utilizados con idéntico fin.
Movimiento estudiantil
Aunque su protagonismo social se da en la década de los 70, en la actualidad se mantienen dos estructuras de notable potencialidad: la FESE como representante de los estudiantes de secundaria y la FEUE en el ámbito universitario.
Ambas estructuras estudiantiles han sido fuertemente golpeadas por el oficialismo en los últimos años, aunque mantienen una importante capacidad de movilización, estando sus organizaciones más importantes en la órbita política del MPD.
En términos generales, los movimientos juveniles, ya sean de estudiantes o no, se mantienen como la base para el reclutamiento de militantes activos, con capacidad de articulación común y manejo de Tecnologías Información y Comunicación, y relaciones con movimientos antiglobalización de otras partes del planeta.
El actual proceso de reformas en el sistema educativo y la enseñanza superior hace que esté por verse como se reformulará la capacidad de acción de estas organizaciones. Sin embargo, aun es constatable su capacidad de acción y visibilización, tanto en las temáticas que abarcan estrictamente a su sector como en otro tipo de reivindicaciones de carácter más general.
Movimiento indígena
Partimos de la premisa que a pesar de la crisis que atraviesan las organizaciones indígenas, este sigue siendo el movimiento social más importante del país, y su centralidad es claramente identificable como eje sobre el cual orbitan otras múltiples organizaciones sociales de índole diversa.
El desencuentro entre el régimen correísta y la CONAIE (principal organización del movimiento indígena) se agudizó a partir de la aprobación de la Ley de Minería, lo cual sumado al conflicto en torno a la Ley del Agua, supuso el desenlace de múltiples movilizaciones sociales en los últimos tres años.
En la Sierra Central se visualiza con claridad la existencia de movimientos impulsados desde el gobierno que buscan la división en la ECUARUNARI, columna vertebral de la CONAIE, a través de la captación de líderes históricos y políticas clientelares aplicadas sobre determinadas comunidades.
De forma paralela, la firma de conflictivos convenios de pax social entre el Ministerio Coordinador de la Política y determinadas organizaciones amazónicas muestran la capacidad de incidencia gubernamental sobre algunos dirigentes locales. La gravedad del asunto gira en torno al distanciamiento entre determinadas dirigencias y sus bases, lo cual genera un problema serio para la debida articulación del movimiento indígena en la Amazonía.
Por su parte, la CONAICE (organización indígena de la Costa) posicionada a favor del diálogo con el Gobierno, plantea los Planes de Vida de sus comunidades como la base para el diálogo institucional. Sin embargo hasta la fecha las cuatro nacionalidades (Awas, Eperas,Tsachilas y Chachis) al igual que los tres pueblos (Manta, Huancavilcas y Pucros) que componen la organización no tienen desarrollados dichos planes de vida, limitándose estos hasta el momento al esbozos de líneas teóricas.
A pesar de lo anteriormente descrito, algunos elementos han de considerarse como fortalecedores del momento actual que atraviesa la CONAIE.
Por un lado, la CONAIE se ha involucrado de forma activa en la reconstrucción de una coordinación a nivel nacional de las diferentes luchas emprendidas desde los sectores sociales, condición que dio origen a la exitosa movilización desarrollada entre el 8 y el 22 del pasado mes de marzo. También es destacable la involucración de esta organización en elementos de naturaleza diversa vinculados a aspectos que van más allá de lo que estrictamente podríamos considerar problemáticas del mundo indígena. Un posicionamiento fuerte ante la Onceava Ronda de Negociación Petrolera, la cual tendrá afectación sobre el 100% del territorio de los Andoas, 100% del territorio de los Záparas, 100% del territorio de los Shivias, 93% del territorio de los Achuar, 73% del territorio de los kichwas amazónicos y el 38% del territorio de los Shuar.
La elaboración de una propuesta coherente de Ley de Tierras, contemplando en ella no solo el acceso a esta, sino también el derecho territorial. La reconstitución de los territorios de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas, lo que colateralmente significa también recuperar la iniciativa en materia de Circunscripciones Territoriales Indígenas, iniciativa actualmente en manos del ECORAE con escasos avances hasta el momento -a esta iniciativa se incorpora también la CONAICE, posicionando el tema de los CTI también en la Costa-. Reposicionamiento desde los territorios de las reivindicaciones en materia de lengua, cultura y demás derechos asociados. Planteamiento de la nacionalización de las tierras, hay mucho capital extranjero en las tierras ecuatorianas, debate que hasta el momento brillaba por su ausencia. Y recuperación de la iniciativa en torno a Ley de Aguas, situación quedó paralizada tras las movilizaciones del 2009.
La incorporación de organizaciones como la FEINE a la movilización del pasado 22 de marzo en Quito y generación de una agenda común con la CONAIE, así como el descontento generalizado en la FENOCIN consecuencia de la inacción gubernamental en materia de reforma agraria, permiten un panorama alentador para la rearticulación ya en marcha del principal movimiento social ecuatoriano.
Conclusiones
La movilización social es un proceso de organización social que se realiza a través de formas múltiples y mecanismos varios, que busca objetivos plurales, resignificando socialmente las instituciones, los sujetos y la democracia participativa. La movilización en la práctica es la única forma efectiva de participación para diversos sectores sociales, ciudadanía y sus representaciones sociales. Sin movilización estos sectores carecen de mecanismos efectivos para intervenir en aquellos asuntos de los cuales venían siendo excluidos.
Desde esa perspectiva, para un gobierno revolucionario, propiciar condiciones para la movilización social y política de los sectores organizados de la sociedad, debería ser un objetivo institucional en la búsqueda de conformar mayores niveles de autonomía, organización y participación de la población.
Lejos de esta visión, el correísmo se ha caracterizado por domesticar organizaciones sociales, anulando su capacidad de movilización, entendiendo esta como un elemento de desestabilización política.
El resurgimiento de la movilización social aparece como un elemento de presión política a la izquierda del gobierno, lo cual es una novedad en la actual etapa política ecuatoriana. Los movimientos sociales, en especial la CONAIE, han hecho una relectura del contexto político nacional, reformulando sus estrategias de intervención. Se pasa del corte de carreteras y de las acciones locales ha protagonizar movilizaciones en la capital del país, desarrollando estrategias que tienen como objetivo posicionar en el debate nacional los ejes de lucha.
La construcción de una agenda conjunta por parte de los movimientos sociales, tal como es el mandato plurinacional nacido de la Marcha por la Vida, 19 puntos que abarcan desde la oposición a la megamineria hasta el respeto al ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, hace que estos actores recuperen la esencia de su rol social.
Que el polo político de izquierdas que se está construyendo en torno a la Coordinadora Plurinacional entienda adecuadamente cual es el rol de los movimientos sociales, con la finalidad de no repetir errores del pasado y superar los recelos que puedan existir en estos espacios a ser nuevamente instrumentalizados por poder político, es también fundamental. Esta condición toma especial importancia en un momento político que es coincidente con un período pre-electoral.
La construcción de contrapoder es fundamental para impedir las consecuencias históricas que para el Ecuador ha constituido el uso y abuso del poder. El objetivo central del proyecto político correísta es el monopolio de la vida política, lo cual le ha llevado a pasar de la utilización instrumental de lo popular al desprecio y control sobre todo tipo de articulación social. Para Gramsci, hegemonía es una composición de dominación y dirección, lo cual significa presencia ideológica en la sociedad y el Estado, así como el control sobre la dirección económica (control de los medios de producción). Sin embargo, el correísmo confundió hegemonía con el monopolio de la vida política, si en algún momento se logró lo segundo, está lejos de construir una nueva hegemonía.
En la medida en que Alianza PAIS se ha constituido en máquina electoral y agencia de colocación para sus afiliados en las estructuras del Estado, la organización dejó de ser un espacio de elaboración de un proyecto político en el seno de la sociedad, careciendo de espacios de debate y generación de participación política. En la actualidad el correísmo más que generar debates importantes en la sociedad, los intenta obstruir, tal y como es el caso de la minería a gran escala o el Buen Vivir como elemento de superación del concepto convencional de desarrollo.
El actual momento político que se vive en el planeta ha abierto un debate acerca de la necesidad de transformar las estructuras políticas en organizaciones programáticas, realmente democráticas y no meramente en instituciones cuyo objetivo fundamental es la perpetuación en el poder como un fin en sí mismo. En ese sentido retoma actualidad, si es que alguna vez la perdió, las estructuras sociales como elementos superadores de los partidos políticos estrictamente electorales.
Bajo este criterio, se puede afirmar que sin movilización social no habrá profundización y radicalización en los procesos de cambio, esto se demuestra claramente en la falta de transformaciones estructurales en el modelo de acumulación: en la actualidad, los grupos económicos poderosos nunca estuvieron mejor, y en todo caso los sectores más excluidos nunca estuvieron menos mal.
El rol de los movimientos sociales en la actualidad es constituir contrapesos ideológicos a un modelo socioeconómico que a pesar de sus logros sociales, reproduce y expande un modelo ideológico lesivo respecto al principio del Buen Vivir, los derechos de la Naturaleza y la democracia radical.
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