jueves, 28 de octubre de 2010

Ecuador en camino de una mexicanización de su Policía Nacional


Decio Machado (desde Quito, Ecuador)

Al cierre de esta edición son ya 104 los uniformados con procesos disciplinarios en marcha para determinar su grado de responsabilidad en la sublevación e intento de golpe de Estado del pasado 30 de septiembre en Ecuador.

El ministerio del Interior informó a su vez, de que se han producido deserciones de miembros de la policía, personal que no se ha presentado a entregar su dotación de armas y uniformes tras la intentona golpista.

La Fiscalía señaló también estar a la espera por parte del ministerio de Defensa del listado de los miembros del Ejército involucrados en el levantamiento; al igual que están siendo investigados los correos electrónicos y pasquines distribuidos en los cuarteles de la Policía Nacional llamando a la revuelta y firmados por un grupo paramilitar autodenominado Grupo Armado Policial (GAP), a fin de dar con pistas que permitan la identificación de sus cabecillas.

El pasado 20 de octubre en una operación realizada de madrugada, ocho miembros del ex grupo de élite policial Grupo de Apoyo Operacional (GAO) fueron trasladados al pabellón A de máxima seguridad de la cárcel de Quito, bajo la sospecha de haber participado en el intento de magnicidio del presidente Correa el 30-S.

De igual manera, los informes que se están realizando desde expertos independientes demuestran conexiones de determinados mandos policiales con sectores de la oposición política al gobierno, al igual que una importante penetración de la CIA en los aparatos información de la Policía, de manera especial en las unidades implicadas en la lucha antinarcóticos.

La red parainstitucional conformada en la policía ecuatoriana es un hecho que se remonta a la época de 1984, durante la presidencia de León Febres Cordero, dirigente ultraconservador que encabezó el gobierno más represivo que ha conocido el Ecuador desde la segunda mitad del siglo pasado. De igual manera florecen las conexiones de sectores de la cúpula policial y militar con una ciudadana libanesa que estuvo afincada en Ecuador llamada Leila Hadad Pérez, quien fue nombrada durante el gobierno de Lucio Gutiérrez (2003-2005) Cónsul Ad-Honorem del Ecuador en Egipto, y que según un informe confidencial del Ministerio de Defensa y hecho público en diciembre del 2008, es referenciada como la “Agente SWAT” con vinculaciones con la CIA.

En la actualidad se está haciendo público que múltiples policías que han sido señalados por pertenecer a grupos de sicariato –muchos de ellos con conexiones con el GAO-, han recibido amparo constitucional por parte de fiscales y jueces “corruptos” tras haber sido separados por medidas disciplinarias del cuerpo. Muchos de ellos tienen enlaces políticos con la oposición más allá de vinculación con grupos criminales, actos delictivos y redes de narcotráfico.

En la Policía Nacional constan 517 bajas realizadas por tribunal de disciplina interno entre el año 2006 y julio del 2010. Sin embargo y según datos oficiales del cuerpo policial, 308 uniformados fueron reincorporados al servicio entre 1996 y julio de 2010 por jueces considerados “corruptos” dentro del sistema judicial ecuatoriano.

De forma extraoficial, miembros del gobierno ecuatoriano manifiestan su preocupación ante una situación que evidencia como “la Policía perdió el rumbo institucional”, a la par que no se atisba capacidad de emprender reformas claras en una institución que demuestra estar penetrada por prácticas corruptas, por el crimen organizado, por sectores políticos de oposición y foco de múltiples denuncias de violación de derechos humanos.

Un dirigente del partido oficialista Alianza PAIS manifiesta su preocupación su preocupación a este periódico indicando que “en el gobierno de la Revolución Ciudadana tanto el Ejército como la Policía Nacional han sido privilegiados en salarios, dotación armamentística y tecnología, sin embargo estas instituciones no han sido depuradas internamente, inocentemente pensamos que de esta manera posicionaríamos su lealtad. Los hechos actuales demuestran nuestro error, o procedemos de inmediato con la reforma de estas instituciones o estamos perdidos. Llevamos ya cuatro años de retraso”.

Publicado en el periódico Diagonal de la primera semana de noviembre de 2010

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